Washington, 27 de noviembre. La justicia estadunidense condenó a prisión a dos traficantes vinculados al programa Rápido y furioso, que toleró el contrabando de armas a México para rastrear a grupos criminales, informaron ayer autoridades.

Al mismo tiempo, el Departamento de Justicia y el Partido Republicano informaron que negocian una salida legal a la disputa sobre la operación Rápido y furioso.

Sean Christopher Steward y Jacob Anthony Montelongo fueron sentenciados el lunes a nueve y tres años y medio de prisión, respectivamente, por un tribunal federal en Phoenix, Arizona, tras declararse culpables de cargos vinculados con el tráfico de armas.

Los condenados compraban armas al menudeo en Arizona –donde la venta es legal– y luego las hacían llegar a organizaciones de narcotraficantes de Estados Unidos y México, informó el Departamento de Justicia en un comunicado.

De acuerdo con el texto, Steward y Montelongo eran dos de los más prolíficos compradores de armas de Phoenix, y durante seis meses (hasta junio de 2010), adquirieron 289 y 109 armas, respectivamente, entre ellas más de 200 rifles AK-47.

Siguiendo el programa Rápido y furioso, coordinado por la Oficina para el Control del Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (ATF), las autoridades estadunidenses toleraron el contrabando de armas con la intención de rastrearlas y detectar a grupos criminales.

Así permitieron la entrada de más de 2 mil armas a México entre 2009 y 2010, a muchas de las cuales se les perdió el rastro.

La muerte en diciembre de 2010 del agente de la frontera Brian Terry dio a conocer públicamente el programa Rápido y furioso, porque en la escena del crimen se hallaron armas que pertenecían a esta operación.

La investigación federal que tuvo lugar tras la polémica generada por dicho programa derivó en la acusación de 20 personas, entre ellas Steward y Montelongo, quienes se habían declarado culpables de conspiración para distribuir armas sin licencia y de perjurio, entre otros cargos.

En octubre pasado, el mexicano Manuel Osorio Arellanes se declaró culpable del asesinato de Terry y escuchará su sentencia el 11 de enero del año próximo. Por lo pronto, el Departamento de Justicia y el Partido Republicano informaron que buscan una salida legal a la controversia generada por Rápido y furioso.

Los abogados del Departamento de Justicia y del Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes notificaron a un juez de Washington que el lunes próximo continuarán las pláticas para evitar una demanda contra el fiscal general, Eric Holder, por retener documentos relacionados con el caso.

Congresistas del partido opositor amenazan con emprender la acción legal si el funcionario demócrata no entrega correos electrónicos y memorandos circulados en el Departamento de Justicia en febrero de 2011, cuando el gobierno negó tener conocimiento de la salida de las armas.