Reconocer que el derecho a la alimentación y la nutrición están por encima del libre comercio, así como que en un futuro próximo las consecuencias en enfermedades provocadas por el problema del sobrepeso y la obesidad rebasarán la capacidad de atención de los sistemas de salud, debiera motivar a los gobiernos a realizar acciones frontales para garantizar una alimentación saludable a la población.

Algunos países presumen logros importantes, aunque no por gestión directa de las autoridades del Ejecutivo, sino por la movilización de legisladores, académicos y organizaciones civiles. Es el caso de Chile, donde en enero de 2013 entrará en vigor una nueva ley que prohíbe la publicidad en medios electrónicos de alimentos de bajo aporte proteico y alto contenido calórico. Ningún comercial se podrá transmitir de las seis de la mañana a las 22 horas, afirmó el senador Guido Girard.

Comentó que luego de cinco años de discusión se logró aprobar la iniciativa, aunque con modificaciones del proyecto original, como que los anuncios de comida chatarra se permitirán en actos masivos como partidos de futbol transmitidos por televisión. Pero el resto del tiempo, subrayó, no habrá más comerciales ni en las barras de programas infantiles. El nuevo ordenamiento también prohíbe la venta de alimentos con altos niveles de grasas, sal y azúcar en escuelas de nivel básico, así como los ganchos que suele utilizar la industria para atraer al consumidor infantil. Es decir, explicó Girard se terminarán las cajitas felices y la oferta de regalos a cambio de la compra de productos que carecen de nutrimentos.

El caso de Chile es un ejemplo que deberían seguir el resto de los países de la región, o como en Costa Rica, donde la máxima autoridad judicial emitió un fallo en favor de la aplicación de un reglamento que también prohíbe la venta de refrescos en planteles educativos y los productos que contienen sal, grasa y azúcar en exceso.

Ayer, representantes de estos y otros países de la región comentaron sobre la creación de la Red Latinoamericana contra la Obesidad Infantil, a partir de la cual se buscará sumar esfuerzos de activistas de diversos países para lograr que los gobiernos adopten medidas reales para abatir el sobrepeso y la obesidad.

Del lado de México, Maki Esther Ortiz, presidenta de la Comisión de Salud del Senado, informó que en ese órgano se explora la posibilidad de aplicar impuestos al consumo de refrescos con la finalidad de limitar su venta, así como una normatividad para el etiquetado de los alimentos, con la finalidad de que las personas puedan conocer con precisión qué tipo de alimentos están comprando.

Advirtió sobre la dificultad de introducir nuevas regulaciones, como el semáforo en los alimentos para identificar aquellos productos de bajo contenido nutrimental. Ésta es una propuesta que siempre se bloquea, indicó la ex subsecretaria de Salud. Sin embargo, urgen medidas que contribuyan a detener el sobrepeso y la obesidad, pues si hoy el sistema nacional de salud invierte 68 mil millones de pesos en la atención de padecimientos causados por el exceso de peso corporal, para 2017 la suma ascenderá a 117 mil millones de pesos. Significa, indicó, que la mayor parte del presupuesto del sector tendría que destinarse a atender a los enfermos.