Chilpancingo, Gro., 29 de noviembre. El secretario de Gobierno, Humberto Salgado, culpó a la dirigente ecologista Juventina Villa de provocar su asesinato y el de su hijo Rey Santana, de 10 años –no de 17, como se divilgó originalmente–, perpetrados el miércoles, debido a que se salió del perímetro de resguardo en torno a ella. Sin embargo, se negó a especificar cuánto medía ese espacio.

A su vez, el Frente de Masas Populares del Estado de Guerrero (FMPEG) anunció que denunciará penalmente al gobernador Ángel Aguirre y a la procuradora Martha Elba Garzón por estos asesinatos.

Salgado dijo en conferencia de prensa que Villa, asesinada en La Laguna, municipio de Coyuca de Catalán, donde el jueves fue sepultada junto con Rey, salió de esa parte donde estaba. Es un perímetro que estaba señalado. Intentó explicar: El reporte que se recibe... La distancia no es de aquí a la esquina. Todos cuando han hecho declaraciones respecto de la dificultad de la zona, lo primero que hacen es señalar las enormes dificultades para hacer llegar todos los detalles de un acontecimiento de este tipo. Por esa razón lo decimos. En toda la averiguación se encontrará el detalle.

En el acto, al que acudieron la procuradora Garzón y el secretario de Seguridad Pública estatal, Guillermo Jiménez, se leyó un boletín en el cual Salgado afirmó que el gobernador Ángel Aguirre dispuso que las policías estatal y federal, el Ejército Mexicano y la Marina busquen a los responsables.

Salgado dio a conocer que la Procuraduría General de Justicia del Estado inició la averiguación MIN/SC/02/515/2012 en contra de quien resulte responsable.

El FMPEG anunció que también denunciará al gobernador y a la procuradora ante instancias nacionales e internacionales de derechos humanos. Manuel Olivares, secretario técnico de la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos de Guerrero, dijo en nombre del FMPEG: “Se avisó con tiempo al gobierno estatal de la situación y de la inminencia de un ataque contra Juventina Villa, quien había recibido amenazas directas.

“El gobierno fue omiso. Tomó medidas precautorias a medias y no actuó cuando pidió sacar a la gente de La Laguna. Sin duda estamos ante un gobierno deshumanizado que menosprecia la vida de los campesinos y los indígenas.

Mandaron 31 policías estatales, lo que fue insuficiente, porque en la emboscada de ayer (el miércoles) participaron cerca de 40 hombres con armas de alto poder, y sabemos que los policías se escondieron mientras la señora era acribillada junto con su hijo.

Reprochó al gobierno estatal que dijera que no había helicópteros para llevar policías. No es posible que ante la acción de un grupo tan grande de delincuentes los soldados no hayan podido llegar a La Laguna; en cambio, sobrevuelan las manifestaciones de la Normal de Ayotzinapa, en Chilpancingo.

Juventina pretendía encabezar a unas 45 familias de La Laguna que se desplazarían a la comunidad Puerto de las Ollas, en Coyuca de Catalán, donde se refugiarían del acoso de presuntos grupos paramilitares y de talamontes.

El visitador general de la Comisión de Derechos Humanos de Guerrero, Hipólito Lugo Cortés, pidió que la Procuraduría estatal detenga a los responsables del asesinato de la dirigente ecologista, quien reiteradamante denunció asesinatos de sus familiares, entre ellos el de su esposo, Rubén Santana Alonso.

Mencionó que el 25 de septiembre Juventina Villa recordó que ocho de sus familiares fueron asesinados durante 2011 y 2012 y acusó a grupos paramilitares de la comunidad vecina de Los Ciruelos.

En la lista de muertos dada a conocer entonces por la activista figuran Rubén Santana Alonso, Damián Díaz Hernández, Catalina Pérez Duque, Celso Santana Villa, Jorge Salgado Salgado, Enrique Rodríguez Santana, Joel Santana Villa, Ascencio Villa Santana y Leonila Díaz Santos. Joaquín Pérez fue herido de bala. La Procuraduría de Guerrero no ha resuelto uno solo de estos homicidios.