Diversas organizaciones de derechos humanos condenaron el asesinato de la ecologista Juventina Villa Mojica y su hijo, perpetrado el pasado miércoles en la comunidad de La Laguna, municipio de Coyuca de Catalán, y recordaron que desde 2011 se han cometido más de 15 homicidios en dicha zona, debido a la inacción de las autoridades y la impunidad de que gozan los grupos de la delincuencia organizada.

En una carta, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, la Red Guerrerense de Organismos de Derechos Humanos y el Colectivo contra la Tortura y la Impunidad, entre otras organizacones, recordaron que el 16 de febrero del año pasado fue asesinado en ese mismo sitio el líder ecologista Rubén Santana Alonso, cuyos familiares también han sido agredidos.

Víctimas protegidas y criminales solapados

Desde 2007, señalaron, ha habido varias incursiones del Ejército y la policía ministerial a La Laguna, en un ambiente de criminalización contra los campesinos que han denunciado los abusos de los talamontes y otros grupos de criminales.

Recordaron que el 18 de noviembre pasado Juventina Villa pidió la intervención de las autoridades de Guerrero ante el temor de ser asesinada. Sin embargo, el secretario de Gobierno de la entidad, Humberto Salgado, negó protección a la activista.

Los asesinatos de Juventina y su hijo pudieron evitarse si las autoridades del estado hubiesen escuchado el clamor de las víctimas de esta violencia que está segando la vida de familias pobres e indefensas. La inacción de las autoridades y la impunidad que impera en la región son causa de esta violencia imparable, donde los grupos de la delincuencia organizada han impuesto su ley con el terror de las armas, deploraron las organizaciones firmantes.

Exigieron a los gobiernos estatal y federal que detengan los asesinatos de ecologistas, garanticen la seguridad de las familias amenazadas, investiguen los crímenes en la región y castiguen de manera ejemplar a los responsables.