uego del anuncio de que Israel construirá unas tres mil viviendas en los territorios palestinos ocupados de Cisjordania y Jerusalén Oriental, los gobiernos de Reino Unido, Francia, Suecia, Dinamarca y España llamaron a los embajadores de Tel Aviv en sus respectivas capitales, a fin de manifestarles su desacuerdo con dicha decisión. De su lado, Rusia deploró el avance de los asentamientos humanos ilegales anunciados por Benjamín Netanyahu –que son parte central de la política de transformación demográfica y fragmentación territorial que Israel practica en los territorios palestinos– y Alemania afirmó que Israel zapa la confianza en su voluntad de negociación.

Frente al abierto desafío que representa la postura de Israel a la legalidad y a la comunidad internacionales –cabe recordar que el anuncio de los nuevos asentamientos se produce en represalia a la inclusión, el pasado jueves, de Palestina como Estado observador de la ONU–, el llamado a los embajadores israelíes en las naciones europeas mencionadas constituye una medida novedosa, sí, pero insuficiente y hasta tibia: mucho más contundente, en todo caso, habría sido que los gobiernos de Londres, París, Estocolmo, Copenhague y Madrid llamaran a consultas a sus respectivos embajadores en Tel Aviv.

Por añadidura, la experiencia reciente indica que las manifestaciones y muestras de repudio diplomático difícilmente contribuirán a poner un alto a la impunidad con que se ha conducido desde siempre el gobierno israelí, y que antes bien parecen haber generado un umbral de tolerancia que permite a Tel Aviv proseguir sus crímenes de guerra y sus intentos por fragmentar el territorio palestino hasta hacer inviable la construcción, ahí, de un Estado nacional.

Tal perspectiva hace necesario redirigir las condenas y las acciones simbólicas de los gobiernos occidentales a la aplicación de sanciones políticas y económicas concretas, y al emprendimiento de acciones judiciales orientadas a llevar a los gobernantes de Israel ante las instancias internacionales de justicia. Es pertinente recordar que las naciones ricas de Occidente no han mostrado empacho en someter a juicio a ex gobernantes de países como Serbia e Irak por atrocidades no muy distintas de las que Israel ha cometido en la Palestina ocupada.

Si algo exhibió la votación de la semana pasada en el pleno de la ONU –además del sentir mayoritario en favor de la construcción de un Estado palestino– es el pronunciado aislamiento que experimentan Tel Aviv y Washington en lo que concierne a la ocupación ilegal de Palestina y la obstrucción sistemática a los derechos y las libertades de ese pueblo. El hecho de que las condenas de ayer contra Israel hayan sido respaldadas por tres de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU –Reino Unido, Francia y Rusia– confirma esa percepción de aislamiento y plantea un escenario internacional propicio para que la comunidad internacional ponga un alto a la impunidad con que ha venido operando el régimen israelí, para que demande la devolución de los territorios palestinos a sus legítimos dueños y para que presione, en suma, por el cumplimiento de la legalidad internacional.