l flamante secretario de Hacienda divulgó ayer la primera buena noticia de la administración peñanietista: no se contemplan nuevos impuestos para 2013. La primera declaración de Luis Videgaray como titular de la citada dependencia resulta por demás alentadora, sobre todo si se tiene en cuenta el feroz tiroteo fiscal al que fueron sometidos los mexicanos con Felipe Calderón en Los Pinos (nuevos gravámenes y aumento en la tasa de los ya existentes).

Entonces, sonrían mexicanos pagadores, que ya lo dijo uno de los secretarios de despacho pertenecientes al círculo íntimo del nuevo inquilino de Los Pinos: en 2013, nada de nuevos impuestos. Qué bueno: música en los oídos de los mexicanos. Pero surge la duda: si el gobierno de Enrique Peña Nieto no transitará por la desgastada ruta de clavarle el puñal fiscal a los mexicanos, si fuera de sus planes está incrementar la carga impositiva, ¿de dónde saldrán los recursos para financiar el rosario de paquetes sociales ofrecidos en campaña, en el discurso de toma de posesión y en el pacto firmado el pasado domingo?

Lo anterior, porque la propia Cámara de Diputados advierte que el margen de maniobra del presupuesto de egresos de la federación resulta extremadamente limitado, toda vez que de cada peso presupuestal 90 centavos ya están comprometidos (nómina burocrática, servicio de la deuda, etcétera) y son inamovibles, de tal suerte que sólo restan 10 centavos para reasignaciones y reacomodos, y con esa proporción no alcanza para financiar los citados paquetes.

Así, de alguna parte tendrán que salir esos dineros para cumplir cabalmente con los ya famosos resultados tangibles ofrecidos por Peña Nieto. Y no es un asunto de centavos, de morralla, cuando se trata de financiar, por ejemplo, el prometido sistema de seguridad social universal (Felipe Calderón sostenía que con el seguro popular había resuelto todo en la materia); la pensión para adultos mayores de 65 años que no cuenten con un sistema de ahorro para el retiro o pensión del IMSS o Issste; el seguro de desempleo; el seguro de vida para jefas de familia y/o el sistema nacional de programas de combate a la pobreza, por citar unos cuantos.

Es de suponer que cuando ofreció tal paquetería social (indistintamente durante la campaña electoral, el discurso de toma de posesión y en el pacto) a la mano tenía el cálculo de lo que costaría aterrizar ese cúmulo de programas (además de financiar los existentes) y de dónde saldrían los recursos para financiarlos. Y se supone, porque en México el deporte favorito de los políticos es prometer tal o cual cosa y financiarlo con saliva, porque a la hora de la hora nunca hay con qué. Y una patinada de ese tamaño en el arranque sexenal no será del agrado ni tendrá una respuesta positiva y sonriente de una sociedad que está hasta el tope de promesas incumplidas.

Entre las posibilidades para que el gobierno capte más recursos por la vía fiscal sin aumentar los impuestos está, por ejemplo, un aumento sustancial en el ingreso de los mexicanos (mayores sueldos y salarios implican mayor pago fiscal). Sin embargo esto es sueño guajiro, porque la estrategia oficial para que México sea cada día más competitivo se basa, precisamente, en sueldos y salarios de hambre. Entonces, esta acción se descarta por competitivamente improcedente.

Queda, pues, el camino de las propuestas. Por ejemplo, el pacto recién firmado ofrece realizar una reforma hacendaria eficiente y equitativa que sea palanca de desarrollo (o lo que es lo mismo la prometida reforma fiscal), la cual, entre otros elementos, eliminaría los privilegios fiscales (“en particular el régimen de consolidación fiscal), reduciría el voluminoso sector informal de la economía y revisaría el diseño y la ejecución de los impuestos directos e indirectos. Sin duda, el primer punto es fundamental (la consolidación fiscal), pero (más supuestos) el gobierno de Peña Nieto habrá evaluado el costo que conlleva reducir, o de plano eliminar, los privilegios fiscales a los barones, todos ellos monopólicos u oligopólicos zares en sus respectivos sectores económicos (telefonía, cemento, televisión, tortilla, minería, etcétera). ¿Está preparado para enfrentar al Frankenstein empresarial que el propio sistema político inventó y alimentó, y que, por si fuera poco, financia no pocas campañas electorales? Dudoso.

Existe otra opción, también comprometida en el pacto: reforma fiscal para Petróleos Mexicanos, con el fin de transformar a Pemex en una empresa pública de carácter productivo, que se conserve como propiedad del Estado pero que tenga la capacidad de competir en la industria hasta convertirse en una empresa de clase mundial. Para ello será necesario dotarla de las reglas de gobierno corporativo y de transparencia que se exigirían a una empresa productiva de su importancia.

¿El fisco captaría más recursos con esa reforma? Todo indica que no, porque al transformarla en un corporativo que opere con las reglas y en las condiciones de una empresa privada, su aportación fiscal se limitaría a cubrir el ISR (30 por ciento) y el IETU, y no pagaría, como lo hace ahora, 110 por ciento de su rendimiento de operación. Con ello, se abriría un enorme agujero en las finanzas públicas, pues actualmente entre 35 y 40 centavos de cada peso presupuestal provienen de la citada paraestatal. Lo anterior, sin considerar que el gobierno de Peña Nieto se vería obligado a repartir ganancias con los desinteresados inversionistas privados que patrióticamente participarían en la modernización de Petróleos Mexicanos.

Como se observa, no parece sustentable la buena noticia divulgada por Luis Videgaray (no se contemplan nuevos impuestos en 2013) si es que en realidad quieren hacer tangible el programa social anunciado. Ahora que sí es posible, siempre y cuando la citada paquetería se intente concretar a partir de 2014, cuando sí habría aumento y creación de impuestos para financiar el rosario de seguros, pensiones, sistemas y conexos comprometidos por el inquilino de Los Pinos y partidos políticos que lo acompañan. Eso sí, queda el camino del endeudamiento, cuyo pago, de cualquier suerte, saldría de los impuestos.

Las rebanadas del pastel

El flamante titular de la SHCP también anunció un nombramiento estratégico en la estructura de esa institución: Fernando Aportela es el nuevo subsecretario de Hacienda y Crédito Público, el segundo al mando, quien, al igual que Luis Videgaray, es hechura de Pedro Aspe, que regresa a casa. El nuevo funcionario fue director general de Protego (la casa de inversión creada por el de los mitos geniales), empresa que se fusionó con Evercore Partners Inc (un banco de inversión tipo boutique, según su propia definición). Todo en famiglia, pues.

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