Ante el retraso que lleva la aplicación del nuevo sistema penal acusatorio en el ámbito nacional, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Juan N. Silva Meza, aseveró ayer que no podemos dejar que ésta caiga en el inmovilismo ni en la abulia.

Lamentó que después de cuatro años de que se inició el proceso de aplicación de dicha reforma en el territorio nacional, y a menos de cuatro años de que por ley deba ser aplicada en el país, es de sobra conocido que el grado de avance real en la instauración del sistema acusatorio, muestra asimetrías alarmantes.

Al encabezar la ceremonia de clausura del Curso de Especialización en Sistema Acusatorio, organizado por el Poder Judicial de la Federación, el también presidente del Consejo de la Judicatura Federal advirtió que tan sólo unas cuantas entidades de la República han logrado la operación total de dicha reforma, mientras que la inmensa mayoría sigue anclada en incipientes etapas de operación parcial, etapa de entrada en vigencia, etapa de planeación y etapa inicial.

Recordó que la reforma constitucional estableció lineamientos para que la Federación, los estados y el Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, expidan y pongan en vigor las modificaciones y ordenamientos legales que sean necesarios, a fin de echar a andar el sistema penal acusatorio, sin exceder el plazo de ocho años, a partir de 2008.

En el acto, que se realizó en la sede de la SCJN, agregó: también nos corresponde expresar nuestra preocupación por una importante agenda legislativa en la materia (de justicia penal, como la Ley de Amparo) que sigue estando pendiente de ser desahogada.

Por parte, el ministro Sergio Valls, quien en nombre de la SCJN tiene el encargo de impulsar la aplicación del sistema acusatorio, dijo que restan tres años para echar a andar la reforma constitucional en materia penal y que, ante ese reto, nuestro compromiso como juzgadores e impartidores de justicia debe ser el de trabajar día a día para este nuevo sistema en el que se privilegie un mejor estado de derecho para todos”.