l arribo de Miguel Ángel Mancera a la jefatura de Gobierno del Distrito Federal (GDF) ocurre con el telón de fondo de los innegables avances de años recientes en materia de bienestar social, derechos de género y reproductivos, y libertades individuales en la capital; de la ampliación considerable, aunque insuficiente, en el ámbito de la movilidad urbana y el transporte público; de la efectividad de las políticas sociales y las directrices policiacas vigentes para mantener a la urbe relativamente al margen de la violencia que se desarrolla en otros puntos del país y en general, del respaldo abrumador de los ciudadanos al ciclo de gobiernos capitalinos progresistas, como quedó confirmado con el amplio porcentaje de votos obtenido por el nuevo titular del Ejecutivo local en las pasadas elecciones.
El primer reto que enfrentará el entrante jefe de Gobierno será, sin duda, mantener y ampliar esa cadena de inercias positivas, a efecto de procurar que la ciudad capital siga siendo un espacio de vanguardia, modernidad, inclusión y tolerancia.
Por otra parte, tendrá que darse a la tarea de ensayar, con la nueva administración federal priísta, un viraje en las relaciones entre el Palacio del Ayuntamiento y Los Pinos, que ponga fin a 12 años de hostilidad y acoso experimentados durante el ciclo de presidencias panistas. Cabe recordar que durante ese periodo la animadversión de los gobiernos federales blanquiazules se expresó de distintas formas: desde el manejo malintencionado de los recursos hídricos por la Comisión Nacional del Agua hasta el golpe que significó para el valle de México la súbita eliminación de Luz y Fuerza del Centro, pasando por el constante golpeteo presupuestal y legislativo que ha impedido al Distrito Federal disponer de los recursos y del marco jurídico adecuados para su desarrollo.
Es claro que, para lograr ese viraje, la administración encabezada por Mancera no puede apostar solamente a la voluntad política del gobierno de Enrique Peña Nieto. Por el contrario, es necesario que el nuevo mandatario capitalino dé impulso decidido a la plena constitución del Distrito Federal como un estado más de la República, que ponga fin a la condición discriminatoria e injusta que representa el estatuto constitucional por el que se rige actualmente y le permita disfrutar de plena soberanía política, fiscal y en materia de procuración de justicia y seguridad. Acaso sea éste el desafío más grande de cuantos habrá de enfrentar la nueva administración citadina.
Finalmente, el nuevo gobierno deberá darse a la tarea de revisar y corregir los puntos oscuros observados en el GDF durante los últimos años –empezando por el auge privatizador de la obra pública–, y de combatir frontalmente los vicios y excesos de poder que han sobrevivido a las administraciones de Cuauhtémoc Cárdenas, Andrés Manuel López Obrador y Marcelo Ebrard.
Un ejemplo claro de esos vicios es la persistente tendencia de las instituciones de seguridad pública capitalina –compartida con las de todo el país– a criminalizar a la sociedad en general y a la juventud en particular, como ha quedado de manifiesto con episodios como el de la discoteca News Divine y, más recientemente, con las denuncias de detenciones arbitrarias por parte de la policía local, en represalia por los disturbios registrados el pasado sábado en el contexo de la toma de protesta de Peña Nieto.
Para ello es necesario que la ciudadanía no se conforme con haber emitido un voto de confianza a 15 años de administraciones de izquierda en la capital, sino ejerza la vigilancia y la presión necesarias para evitar que Mancera y su equipo se aparten de ese mandato.
