Más allá de los actos de violencia en que pudieran haber incurrido los participantes en las manifestaciones del sábado anterior contra la toma de posesión de Enrique Peña Nieto, la respuesta desmedida de las fuerzas de seguridad deja ver las intenciones del nuevo gobierno de reprimir cualquier muestra de descontento social, advirtieron organizaciones independientes.

Luego de reunirse para coordinar la defensa de los jóvenes detenidos en el Reclusorio Norte, integrantes de colectivos como el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, el Centro Nacional de Comunicación Social y estudiantes de varias asambleas locales del movimiento #YoSoy132, señalaron que el primero de diciembre dio inicio una nueva etapa represiva de las autoridades contra las movilizaciones ciudadanas.

La mayoría de las organizaciones están preocupadas porque estamos entrando en una nueva forma de aplicación de la represión, la cual busca ser ejemplarizante para aquellos que manifiesten su crítica, y en una sociedad democrática ese es un baluarte que debemos defender, indicó Antonio Lara, abogado del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero.

Aunque admitió que el sábado hubo actos de violencia reprobables, subrayó que lo más preocupante es el nivel de violencia del Estado, como lo demuestra el hecho de que varios de los jóvenes detenidos no estaban en el momento ni en el lugar de los choques con los granaderos, como aseguran las autoridades.

Las organizaciones de derechos humanos acordaron crear una plataforma de denuncia de abusos policiacos –con fotos y videos incluidos–; acompañar hoy a los 69 detenidos en la audiencia constitucional; cabildear ante el Gobierno del Distrito Federal para que cese la represión, y realizar una serie de movilizaciones ante las expectativas por la decisión que adoptará el próximo domingo la titular del juzgado 47 sobre la situación jurídica de los jóvenes, muchos de los cuales podrían ser consignados por ataques a las vías generales de comunicación, delito grave por el cual no se alcanza la libertad bajo fianza.

Por su parte, Amnistía Internacional hizo un llamado a las autoridades mexicanas para que respeten los derechos humanos de los detenidos. Advirtió que varios enfrentan cargos serios, como delito contra la paz, a pesar de que muchos no estaban involucrados en los hechos de violencia cuando fueron detenidos por policías del Distrito Federal.

Asimismo, Héctor de la Cueva, coordinador del Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical, subrayó que las detenciones de muchos de los jóvenes que participaron en las protestas contra Enrique Peña Nieto forman parte de una campaña de desprestigio y represión contra el colectivo estudiantil #YoSoy132 y el resto de los movimientos sociales.