l discurso inaugural de presidente Enrique Peña Nieto en Palacio Nacional (y no ante el Congreso, como manda la tradición republicana) dejó en claro que el nuevo gobierno ensaya un estilo propio para inscribirse en la dialéctica cambio-continuidad que ya esbozó en la campaña. A la pregunta de si hay detrás de esas palabras un verdadero proyecto reformador de largo aliento, capaz de iniciar un nuevo ciclo histórico de prosperidad y desarrollo nacional, la respuesta es no, aunque se ofrezca un conjunto más o menos articulado de propuestas necesarias, imprescindibles algunas (en ocasiones contradictorias entre sí), para saldar las dificultades inmediatas, tranquilizar los ánimos y reconstruir las deterioradas relaciones en el seno de la clase política. A esa lógica pertenece la firma del pacto que ya se tenía prevista incluso antes de la toma de posesión cuya pretendida tersura fue aniquilada por la violencia en San Lázaro y la Alameda.

El Presidente recurrió a la historia para elaborar el mensaje, pero lo hizo subrayando la continuidad en la estabilidad, visión idílica que no reconoce las causas de los males ni los intereses en juego pero se regodea en los resultados como fruto de una conjunción del destino. Muy al estilo de la vieja historia oficial, pero asimilando otros temas (v.gr. la democracia gestada en el 68) el PRI se adueña del pasado y lo recicla en su beneficio como una suerte de evolucionismo positivo, aséptico, carente de sujetos recordables o conflictivos, el cual justifica y legitima el presente como el mejor de los mundos, aunque esté erizado de problemas estancados gracias a la voracidad manifiesta de los gobernantes y el afán de lucro de las minorías dominantes –los poderes fácticos– en un sistema carente de equilibrios y contrapesos verdaderos. Y, sin embargo, las palabras presidenciales son importantes en la medida que fijan con claridad las líneas maestras su programa, los cinco ejes de gobierno que, aunados a las decisiones puntuales que allí numeró, sustentarán las futuras políticas públicas, las cuales, si bien no surgieron en el PRI, el nuevo gobierno las asume como propias, lo cual es saludable. Entre ellas está la Cruzada Nacional Contra el Hambre, el Programa de Seguro de Vida para Jefas de Familia, la extensión a los 65 años de las pensiones para adultos mayores, como paso hacia la seguridad social universal, la reforma a la Ley General de Educación y otras propuestas dirigidas a satisfacer las crecientes demandas de una sociedad marcada por la exclusión, la desigualdad y las inercias brutales de la corrupción y la impunidad.

Claro que el solo enunciado de una serie de importantes medidas no equivale a su realización, pues aún hay mucho que explicar y hacer si de lo que se trata es, dice Peña, es transitar hacia una democracia que dé resultados tangibles, pues ... a pesar de nuestras conquistas en el ámbito de la macroeconomía, de la estabilidad de nuestras instituciones y del vigor de nuestra democracia, México no ha logrado los avances que su población demanda y merece. Para alcanzar tal meta, Peña propone impulsar, sin ataduras ni temores, todos los motores del crecimiento con el objetivo final de ser una sociedad de clase media, con equidad y cohesión, con igualdad de oportunidades. No obstante, tan loables propósitos no se compaginan con el respeto ritual al modelo que, justamente, nos ha hundido como sociedad en el abismo de la desigualdad y, más allá, en la crispación y en la violencia que amenaza toda forma de convivencia civilizada. Por desgracia, ni el discurso del primero ni el catálogo de acuerdos reunidos en el pacto aclaran, por ejemplo, los alcances de la reforma fiscal que es imprescindible ni arrojan nuevas luces sobre la reforma energética o la reforma a la seguridad social que serían los pilares de la nueva política en estos puntos cruciales. Por ello no sorprende tampoco que se anuncie la pronta asunción de un plan de austeridad con vistas a lograr el déficit cero, objetivo neoliberal que se antoja contradictorio con las políticas y los objetivos mencionados anteriormente. Esta insistencia en la continuidad, reforzada por algunos de los nombramientos (entre ellos el del canciller) confirma el sentido que quiere imprimirle Peña a su gobierno, más inclinado a la modernización que a la reforma. Habrá que ver en los días que vienen cuál es el significado del término eficacia, tan caro al Presidente, pero es obvio que el país ya no está para experimentos. Es obvio que un pacto capaz de cambiar el curso del país requiere acuerdos sobre los temas sustantivos cuya relevancia trasciende el catálogo de buenas intenciones.

Por lo pronto, tan importante como aclarar y discutir los temas de la agenda a ser tramitados en el Congreso (y ya se verá entonces la calidad y la orientación de los formulaciones del pacto) será mantener la vigilancia para que la intención de rescatar los espacios del Estado en la conducción de la vida pública no se convierta en el fortalecimiento del gobierno a partir de la concentración de poderes y voluntades. Es urgente dar curso a la deliberación pública sin exclusiones, pues de otra forma el respeto a la pluralidad de ideas y conductas será una frase más si no se acepta la diversidad de la sociedad mexicana, si no se escuchan las voces de una oposición que trasciende o rebasa a los grupos políticos establecidos y también tiene algo que decir en esta delicada coyuntura.

Por supuesto que esto será imposible si no se vencen las inclinaciones autoritarias que actúan bajo las sombras, alentando la violencia en todas sus formas. Los infames hechos del día primero en San Lázaro y en la Alameda debieran servir de advertencia de lo que puede ocurrir cuando se conjuga el aventurerismo anónimo de algunos grupos violentos con la torpeza represiva de los cuerpos de seguridad. Consta en los videos que se detuvo arbitrariamente a muchas personas que no cometieron delito alguno, y en cambio se dejó escapar a los causantes de los peores destrozos, y sigue sin explicarse quién está detrás de la provocación. La intención de culpar a los detenidos en las cercanías de la refriega, sin otra evidencia que la declaración de los granaderos, así como la campaña para condenar por supuesta afinidad en las consignas a López Obrador, son recurso propio de la guerra sucia que debe atajarse de inmediato, junto al seudo radicalismo que acaba por tenderle la cama justo a quienes considera sus principales adversarios.