refiero, al aludir al fiscal cliff del que todo mundo habla, sobre todo en Estados Unidos, referirme a un acantilado fiscal, más que a un precipicio o abismo, dada la equivalencia usual del vocablo inglés. Suelo aclarar enseguida que se trata de un acantilado artificial, hecho por el hombre. No existiría y no habría riesgo de que algo como la mayor economía del mundo se despeñase desde su borde de no ser porque así lo decidió en el verano de 2011 el propio Congreso de ese país. Recuérdese que entonces se llegó a un arreglo interino para elevar el tope de endeudamiento gubernamental y permitir la continuada operación de la administración y el servicio regular de la deuda pública. Como parte del arreglo, alcanzado in extremis, los legisladores decidieron obligarse a lograr en el curso de 2012 una corrección a largo plazo del déficit fiscal. Son muy debatibles la urgencia y la relevancia de este objetivo. Convinieron además en que, de no conseguirlo, al inicio del siguiente año se pondrían en vigor, en automático, incrementos de recaudación y recortes de gasto público que equivaldrían a un ajuste fiscal súbito, de magnitud sin precedente al menos en cuatro decenios y con graves consecuencias recesivas. La motivación de esta acción insólita se encuentra en la idea de que nadie en su sano juicio se atrevería a bloquear un acuerdo ante el peligro inminente de precipitarse desde tal acantilado. Supongo que congresistas y funcionarios tuvieron en cuenta que el acuerdo tendría que conseguirse en el ambiente exacerbado de un año electoral. Lo que quizá no justipreciaron fue el grado en que se enconarían las posiciones y la irracionalidad con que se comportaría una de las fuerzas políticas: la derecha republicana, dolida además por un resultado electoral adverso. Faltan unos cuantos días para llegar al filo del acantilado. Se acepta que las negociaciones están estancadas, por lo que sería incierta, en estos momentos, cualquier previsión sobre su desenlace. Si la economía estadunidense cae desde el acantilado, arrastrará al resto de la economía mundial y la gran recesión, que aún no se supera, parecerá apenas un modesto preludio de la que sucedería en los años venideros.

Saltar del acantilado supondría un ajuste fiscal que excede del medio billón de dólares. Del lado del ingreso, la recaudación federal se elevaría en unos 400 mil millones de dólares, debido a que expirarían la exención del impuesto sobre nóminas, algunas formas de seguro de desempleo y las reducciones impositivas decretadas por el gobierno de Bush, entre otras deducciones fiscales, y se introducirían los impuestos asociados a la reforma del sistema de salud. Del lado del gasto se recortarían unos 130 mil millones de dólares en las erogaciones gubernamentales en defensa, programas sociales y administración en general. El efecto recesivo se estima en una contracción del PIB de entre 3.5 y 4 por ciento y un ascenso de la tasa de desempleo bien por encima de 9 por ciento en el curso de 2013. Si se recuerda que la caída real del PIB en 2009 fue del orden de 3 por ciento, no es difícil advertir que una contracción aún mayor en 2013 sumiría a la economía mundial en, por lo menos, una recesión prolongada, que se encadenaría con la iniciada hace algo más de cuatro años.

La principal controversia en el momento actual de las negociaciones se centra en una cuestión aparentemente menor: la expiración de las reducciones impositivas establecidas por Bush hace un decenio. Por una parte, los demócratas desean mantenerlas o prorrogarlas para los causantes con ingresos anuales inferiores a 250 mil dólares, que se estima representan 98 por ciento del universo de causantes, y permitir que fenezcan para los que perciben ingresos superiores a esa cota (el 2 por ciento restante). Por otra, los republicanos desean mantenerlas para todos, independientemente del nivel de ingresos. A últimas fechas, tras la derrota electoral, han aceptado la idea de captar mayores recursos de los contribuyentes de más alto ingreso, no con tasas más elevadas, sino mediante ajustes a las exenciones, facilidades y devoluciones fiscales incorporadas en los códigos. Si fenecen las exenciones para los mayores ingresos, las tasas impositivas para los dos segmentos más altos se moverían de 33 a 35 por ciento y de 35 a 39.6 por ciento. De esta suerte, lo que en realidad está en juego es la capacidad del gobierno de recaudar impuestos congruentes con las necesidades de gasto y con el principio básico de progresividad. Si, para salvar el acantilado, la administración acepta una limitación tan lesiva será incapaz de instrumentar las políticas sociales que dieron lugar a su reelección.

Algunos analistas, como Robert Reich, han sugerido que podría permitirse la extinción de todas las concesiones impositivas en paralelo con la propuesta de establecer, mediante nuevas disposiciones legales, las que favorecen a los causantes de ingresos reducidos y medios –al 98 por ciento– y desafiar a los republicanos a votar en contra de las mismas.

Algo similar puede decirse de la reducción forzada de los programas sociales, en especial de los relacionados con la salud, el gasto educativo y las erogaciones en investigación científica e innovación tecnológica. Es claro que conviene aprovechar al máximo las oportunidades para evitar duplicaciones, eliminar ineficiencias y abatir dispendios, pero ello debe hacerse sin poner en entredicho la viabilidad y las perspectivas de desarrollo de los programas, con la meta de la cobertura universal cuando resulte aplicable, como en salud y educación. Algunos analistas, como Robert L. Borosage, en The Nation, piensan que el acantilado fiscal se construyó para crear una atmósfera de crisis en la que, ante el riesgo inminente de una renovada recesión, resultasen aceptables reducciones estructurales de los programas de bienestar social.

En el debate estadunidense parece ganar terreno la noción de que, sin duda, es conveniente evitar despeñarse desde el acantilado fiscal, pero no a cualquier precio. La propuesta de Obama –que combina incrementos de ingresos y, en menor medida, ajustes de gasto– refleja el mandato recibido de los electores y debería resultar básicamente aceptable para una oposición republicana que no estuviese secuestrada por sus facciones más extremas.

Entretanto, persiste el peligro de que, por la vía del ajuste excesivo y automático, Estados Unidos caiga nuevamente en recesión. Anunciar, como se ha hecho en México, que se mantendrá el equilibrio fiscal contra viento y marea no parece, ni de lejos, la mejor manera de hacer frente a un riesgo recesivo que exigiría flexibilidad, oportunidad y suficiencia en la respuesta anticíclica.