n una carta difundida ayer por el Centro de Pensamiento Beckley, diversos personajes de la política internacional –los presidentes de Colombia, Juan Manuel Santos; de Guatemala, Otto Pérez Molina, y ex mandatarios como James Carter, César Gaviria y Vicente Fox, entre otros– se pronuncian por un viraje en la actual estrategia mundial de combate a las drogas, señalan que el enfoque prohibicionista ha fracasado en su objetivo de frenar la demanda y producción de estupefacientes a escala global y aseguran: Ya que no podemos erradicar su producción, demanda o uso, debemos encontrar nuevas maneras de minimizar los daños. Es imperativo estudiar nuevas políticas basadas en evidencia científica. Rompamos con el tabú del debate.

Es significativo y novedoso que dichos pronunciamientos –realizados desde hace tiempo por figuras como Fox, Gaviria y Carter, y respaldados por escritores, científicos, diplomáticos y activistas– sean suscritos ahora por dos presidentes en activo –Santos y Pérez Molina–, identificados, por añadidura, con posiciones conservadoras y militaristas. Tal circunstancia habla de la posible evolución hacia un consenso, incluso entre gobiernos abiertamente proestadunidenses, como el colombiano y el guatemalteco, sobre el fracaso de la llamada guerra contra las drogas, declarada por Washington hace décadas e impuesta a América Latina, así como de la necesidad de avanzar hacia un enfoque humanista y de avanzada para hacer frente al desafío de seguridad y salud pública que implica la producción, el trasiego y el consumo de sustancias actualmente ilegales.

No menos significativa resulta, en el contexto de esta discusión, la reciente aprobación del uso recreativo de la mariguana en los estados de Washington y Colorado: si hasta hace unos años el principal argumento de muchos gobiernos nacionales para descartar cualquier viraje en las políticas prohibicionistas era que éste no podría darse de manera unilateral, sino como parte de un giro en la política global antinarcóticos, la aprobación mayoritaria a la despenalización en las referidas entidades estadunidenses obliga a recordar que la conducción de dicha política es también un asunto de soberanía nacional e incluso regional.

En ese contexto, y si bien la misiva difundida por el centro Beckley constituye en sí misma un elemento valioso en el debate en torno a las drogas ilegales y su trasiego, en el caso concreto de Santos y Pérez Molina tal pronunciamiento resulta insuficiente: es pertinente y necesario que los mandatarios colombiano y guatemalteco traduzcan ese discurso a los hechos y contribuyan a inducir un cambio de paradigma en sus respectivas naciones, así sea para evitar cuotas de sufrimiento y violencia adicionales a las que ya han debido sufrir sus poblaciones en el pasado reciente como consecuencia del actual modelo de combate al narcotráfico.

Por lo que hace a México, los intentos internacionales por articular en forma coherente una nueva comprensión del fenómeno y el avance de la despenalización en la nación vecina del norte debieran constituir un llamado de atención adicional para que el gobierno encabezado por Enrique Peña Nieto ponga fin cuanto antes a la desastrosa guerra contra el narcotráfico emprendida por su antecesor e inicie una reformulación a fondo del enfoque actual –ineficaz, contraproducente y, según puede verse, caduco– para hacer frente a ese flagelo.