l gastado ritual de toma de protesta del nuevo encargado del Poder Ejecutivo federal, Enrique Peña Nieto, se desarrolló el primero de diciembre conforme a lo previsto, incluyendo el extenso e ilegal cerco policiaco-militar en torno a la Cámara de Diputados que instituyó una suspensión de garantías de facto, la represión brutal de la protesta ciudadana en varias ciudades del país, con sus secuelas de heridos graves y detenciones indiscriminadas (los primeros presos políticos del sexenio), que ya forman parte de estas alternancias gatopardistas en las que todo cambia para seguir todo igual. En apresurada ceremonia, la banda presidencial pasó de quien impuso una guerra contra el pueblo que provocó más de 80 mil muertos, miles de desaparecidos y desplazados y un desastre en todos los ámbitos de la vida nacional, a un individuo autoritario que representa el retorno de un régimen regresivo marcado igualmente por la violencia, la corrupción, la impunidad y la defensa a ultranza de los intereses del capital y del imperio.

Ese mismo día, mientras los halcones renovados, los gases lacrimógenos y las macanas se hacían cargo de quienes ejercían el legítimo derecho de manifestarse, en el Campo Marte se refrendaron las rutinas protocolarias que establecen la entronización de un nuevo jefe supremo de las fuerzas armadas de ocupación, con vacuas ceremonias castrenses en las que se juramentó la lealtad militar al orden impuesto por la defraudación electoral, las instituciones violatorias de la Constitución y los poderes fácticos de las corporaciones, incluyendo la delincuencia organizada y los medios de comunicación masiva.

En el otro espectro de la realidad nacional y pasando casi inadvertido por la dictadura mediática, un nuevo grupo armado anunciaba su aparición pública con un Comunicado Revolucionario No. 1, firmado bajo las siglas de Ejército Popular Magonista de Liberación Nacional. Fechado el 30 de noviembre, el comunicado del EPM-LN se inicia con dos epígrafes que sustentan el derecho a la rebelión, uno de la autoría de Ricardo Flores Magón y el otro consagrado en el artículo 39 de la Constitución. Sostiene que su conformación responde a la imposición de Enrique Peña Nieto en la Presidencia de la República, a través del fraude electoral, el cual repudia, y exige respeto a la voluntad popular. La nueva organización armada afirma que varias organizaciones, grupos y comandos que reivindican el magonismo, a partir de un profundo proceso de discusión política, decidieron constituir el EPM-LN, después de varios años de clandestinidad y con un sólido trabajo político de masas en varios estados del país. Denunciando a lo que consideran una dictadura policiaco-militar, los asesinatos políticos, las desapariciones forzadas y la criminalización de la protesta social y los luchadores sociales, afirman surgir para detener con nuestro accionar político-militar la creciente ola represiva contra el pueblo y sus organizaciones. Al igual que otras organizaciones armadas del país, reivindican la memoria de las masacres del 68, del 71, las de Aguas Blancas, Acteal y El Charco, y sostienen no olvidar la guerra declarada contra el pueblo en el pasado, pero también hacen mención a las represiones recientes de los jóvenes del movimiento #YoSoy132 y los normalistas de Michoacán. Proponen, por último, entre otras acciones políticas y militares: profundizar la resistencia popular en todo el territorio nacional y pasar a la ofensiva, impulsar la resistencia popular de masas, acelerar la construcción de policías comunitarias y de gobiernos autónomos, tomar en nuestras manos el destino de nuestros pueblos, declarando que su lucha es por la liberación nacional y la construcción de una nueva patria sin explotados ni explotadores.

A este nuevo grupo armado que se pronuncia por acciones ofensivas y que destaca que no tolerará más impunidad hay que sumar en la complejidad de la situación nacional la apertura de un frente norte y el anuncio de acciones directas del Comando de Resistencia Urbana Saltillo, que se reclama parte del Ejército Popular Revolucionario- Partido Democrático Popular Revolucionario (EPR-PDPR), lo que significa, en los hechos, el fin de la tregua que esta organización mantuvo a solicitud expresa de la comisión de mediación, que cesó sus funciones recientemente ante la carencia total de voluntad política del gobierno federal para investigar el paradero de dos de su militantes, quienes fueron víctimas de desaparición forzada por parte del Estado.

Este comando reclama la autoría de ataques al Poder Legislativo de Coahuila, las instalaciones del PRI, las de su directiva estatal, así como de otras acciones de propaganda armada. Asimismo, desconocen a Peña Nieto y al gobernador Humberto Moreira y afirman que al consumarse la imposición del primero se han agotado las vías legales, pacíficas y democráticas de lucha. A los simpatizantes de AMLO y Morena les dedican un párrafo de su comunicado: si después de dos fraudes electorales (1988 y 2006) y de la reciente imposición no han entendido, son un caso perdido.

Por su parte, el propio EPR-PDPR hizo público el 2 de diciembre un nuevo comunicado condenando duramente la imposición de Enrique Peña Nieto, bajo la protección masiva de un aparato policiaco-militar con pertrechos, infraestructura y armamento especializado para acciones ofensivas predeterminadas a reprimir físicamente, detener, causar bajas que lesionen de gravedad a los manifestantes, a manera (de) sanguinario escarmiento para sembrar el terror a los heridos y sus familiares, así como infundirlo en el resto del pueblo que protesta y repudia a Peña Nieto, a las instituciones del Estado mexicano y al sistema capitalista. Esta organización critica a la izquierda electoral por participar en el pacto de la clase en el poder y defiende a los detenidos en las jornadas de protesta contra la imposición, exigiendo su libertad inmediata e incondicional.