Buenos Aires, 19 de diciembre. El gobierno de la presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, solicitó nuevamente un recurso que permite el salto de una iniciativa (per saltum) para que la Suprema Corte de Justicia se avoque al tratamiento inmediato de la causa que sigue el tema de la ley de medios audiovisuales que el Grupo Clarín se niega a cumplir desde hace tres años.

Al hacer el anuncio, Julio Alak, ministro de Justicia, sostuvo que el gobierno intenta que haya una sentencia definitiva sobre todos los asuntos que tienen que ver con este caso, y advirtió sobre la gravedad institucional por el no cumplimiento de una ley votada por el Congreso (en 2009) ratificada por la Suprema Corte y sometida a maniobras judiciales con medidas cautelares interpuestas por los abogados del Grupo de Medios de Comunicación Clarín.

Esta situación afecta e involucra a toda la sociedad argentina, dijo Alak, mientras la Cámara Federal (tribunal) a la que recurrió el gobierno ayer concedió el recurso extraordinario presentado por el Ejecutivo contra la extensión de la medida cautelar y lo elevó también a la Suprema Corte.

De 20 grupos que tienen más licencias de radio y televisión que las 24 que la ley admite, Clarín tiene 240, más otras de televisión abierta y de cable, y se niega a ajustarse a esta norma que intenta evitar la existencia de monopolios de la información.

Clarín difunde información a través de todas sus repetidoras en el país, en la que afirma que el diario más importante que publica el grupo y que lleva ese nombre desaparecerá, a pesar de que la ley es sobre licencias de medios audiovisuales.

Los informes de ese medio muestran un panorama tremendista. Los jueces ya han votado que es una ley constitucional que de ninguna manera atenta contra la libertad de expresión.

El ministro de Justicia agregó: pretendemos que cesen las medidas cautelares, tal como lo dijo la Corte el 22 de mayo y el 27 de noviembre, y que los argentinos tengamos resoluciones judiciales rápidas que no pongan en cuestionamiento leyes sancionadas por el Congreso. El Estado se siente agraviado porque un fallo de primera instancia le dio legitimidad activa a quien no la tiene, razonó Alak.

En tanto, el dirigente del ala disidente de la Confederación General del Trabajo (CGT), Hugo Moyano, junto a Pablo Michelli, de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), también dividida, llamaron hoy a una marcha hasta la Plaza de Mayo, que logró reunir mayoritariamente a sus afiliados.

Moyano y Micheli juntaron a los suyos para renovar sus críticas al gobierno, señaló Ámbito Financiero.

Fue evidente que a Moyano le fallaron muchos de los opositores que habían prometido su presencia en la marcha. Nuevamente se juntaron sectores sindicales de la derecha peronista como Luis Barrionuevo de la llamada CGT Azul y Blanca, con el trostkista Partido Obrero, la Federación Agraria y otros que conformaron un extraño conjunto donde se encontraban los anteriores enemigos políticos. Los grupos de izquierda como Barrios de Pie, la Corriente Clasista y Combativa y otros similares no tienen ningún prejuicio de ser parte de las actuales movilizaciones convocadas por sectores de derecha.