oincidiendo con el 15 aniversario de la masacre de Acteal y a unos días de que se cumplan 18 del levantamiento de 1994, decenas de miles de indígenas zapatistas se congregaron en las plazas centrales de Ocosingo, San Cristóbal de Las Casas, Palenque, Altamirano y Las Margaritas, en una evocación pacífica de las acciones del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en la madrugada de aquel primero de enero. En concordancia, el subcomandante Marcos emitió, en nombre del Comité Clandestino Revolucionario Indígena-Comandancia General (CCRI) un breve comunicado en el que anuncia el derrumbe del mundo de ustedes y el resurgir del nuestro.

Son varias las interpretaciones políticas que pueden darse a la irrupción de los zapatistas en las localidades referidas y al texto de Marcos –como ocurre con el prolongado silencio de varios años que los precedió– , pero ambos denotan, en forma inequívoca, la voluntad del zapatismo de hacerse presente, de nueva cuenta, en el convulsionado e incierto escenario político contemporáneo.

Tal determinación obliga a recordar que, a casi dos décadas del alzamiento del primero de enero de 1994, la causa de los indígenas chiapanecos conserva toda su vigencia original porque, desde entonces, y a pesar de la demagogia empeñada durante tres sexenios, se mantienen la opresión, la marginación, la persecución y la discriminación contra los pueblos indios del país. El México institucional ha tenido, en estos 18 años, sobrado tiempo para corregir de raíz esas circunstancias intolerables y para reconocer uno de los componentes primordiales del país: el indígena y comunitario. Para empezar, por ejemplo, el Legislativo habría debido aprobar en su integridad el conjunto de reformas elaborado por la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa) durante el zedillato, documento que recogió el sentido de los acuerdos de San Andrés Larráinzar, alcanzados por los rebeldes zapatistas y el gobierno federal. Por el contrario, a lo largo y ancho del país, los gobiernos federales, en vez de atender de una vez por todas la problemática que afecta a los indígenas, se han empeñado, en el mejor de los casos, en apostar al olvido, y en el peor, en dividir, hostigar y perseguir a las comunidades –lo mismo en Chiapas que en Michoacán, Oaxaca o Veracruz, entre otras entidades– y en permitir o incluso auspiciar el saqueo de tierras y de recursos naturales practicado por agroindustrias y empresas energéticas nacionales y extranjeras.

Con estos antecedentes, el EZLN decide abandonar el silencio que había mantenido casi intacto desde 2006. Les guste o no, las fuerzas políticas institucionales tendrán que tomarlo en cuenta. Las autoridades, por su parte, no tienen mucho margen para ignorar que, en lo sustancial, el conflicto que se expresó con las armas en 1994 mantiene hoy, 18 años después, plena vigencia. Cabe esperar que tomen nota y que se decidan, de una vez por todas, a hacerle frente, y empiecen a resolverlo en sus causas profundas.