on la pregunta ¿qué diferencia hay entre gastar un peso a la derecha o a la izquierda? La Jornada pidió una respuesta a varios jefes delegacionales, misma que se publica en esta sección.

México atraviesa por grandes cambios. Es necesario que nos replanteemos el rumbo que queremos para nuestro país; es momento de que luchemos por políticas públicas que disminuyan el rezago económico que se incrementó a lo largo de las dos pasadas administraciones federales que se caracterizaron por ser excluyentes, dejando de lado la atención a los verdaderos problemas de los mexicanos.

En este periodo, se demostró –una vez más– que mientras la derecha opta por Estados mínimos, con acciones que se restringen a las tareas de seguridad y a la promoción económica en manos de las fuerzas del mercado; la izquierda promueve un Estado más activo, que adicionalmente a estas tareas incentiva el desarrollo económico y concentra su presupuesto en un sentido eminentemente social.

Otro de los rasgos que con mayor claridad distinguen las posturas políticas de izquierda y derecha, son las referidas a las tareas que debe cumplir el Estado y las responsabilidades directas que tiene con la sociedad. ¿De qué sirve tener un crecimiento macroeconómico y contar con las reservas internacionales más altas de la historia del país, si cada vez más millones de mexicanos viven en pobreza y en pobreza extrema, aunado a los grandes rezagos en materia de justicia social?

Es difícil en este espacio hacer una revisión exhaustiva de los rasgos que han definido en México las posturas presupuestales de izquierda y derecha en las décadas recientes y que corresponden a la llegada de las propuestas que se han señalado como neoliberales.

Sin embargo, es importante destacar dos elementos que son consecuencia de este modelo económico implementado por la derecha. En primer lugar, el Estado ha reducido su participación en áreas sociales y productivas de forma significativa, afectando severamente la promoción de la seguridad social y educación, entre otros.

Una evidencia de esto son las políticas fallidas implementadas en contra del crimen organizado, pues en lugar de centrar los esfuerzos en el combate a las adicciones y la prevención del delito, mediante mayores oportunidades de educación y empleo-, se antepuso el uso excesivo de la fuerza pública, ocasionando que más de 60 mil personas (incluyendo mujeres y niños) perdieran la vida a causa del fuego cruzado entre autoridades y delincuentes.

En segunda instancia, el manejo de la deuda pública, las políticas cambiarias y el cuidado de la inflación han marcado el ABC de la política económica de las recientes administraciones federales, descuidando el factor social que ello implica.

Es decir, el fortalecimiento económico que presumen los gobiernos de derecha no se ha visto reflejado en el bolsillo de los mexicanos. Un ejemplo muy claro es que estos beneficios no permearon en las micro, pequeñas y medianas empresas, ocasionando que más de 30 millones de trabajadores en el país laboren en condiciones de informalidad y precariedad.

México se enfrenta a lo que será un nuevo periodo de retos y oportunidades. Y frente a este periodo, la política económica debe cubrir todos los vacíos que se han generado en materia social: empleo, salud, educación y vivienda. Es necesario que el Estado recupere su responsabilidad directa e implemente acciones estratégicas que detonen el crecimiento que el país requiere.

Esto no significa regresar a un Estado que directamente invierta, produzca y distribuya, como con frecuencia se caricaturiza al discurso de la izquierda; pero sí significa recuperar un Estado que con claridad diga: éstas serán nuestras áreas de promoción del crecimiento, los particulares podrán participar en estas áreas y con estas tareas se fomentará una política de desarrollo social. Algo que hace muchos años no vemos.

De manera paralela, es necesario que los integrantes del Congreso de la Unión logren los consensos necesarios para que se lleven a cabo reformas que permitan mejorar el desempeño económico del gobierno y una mejor asignación y distribución de los recursos presupuestales. Entre ellos destaca para esta ciudad el tema de la reforma política pendiente que le permitiría, como capital del país, contar con un sistema de gobierno más efectivo y mayores facultades jurídicas, pero sobre todo, se garantizaría su autonomía en materia económica, asegurando así la posibilidad de que los gobiernos delegacionales atiendan las demandas ciudadanas en materia de servicios con mayor eficiencia.

En tanto se concreta esta iniciativa, es necesario que la VI Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal lleve a cabo una serie de reformas administrativas que garanticen a los gobiernos delegacionales mayor movilidad en términos de prestación de servicios.

Para ello, es necesario que doten de personalidad jurídica y patrimonio propio a las delegaciones a fin de que tengan autonomía en la prestación de servicios públicos, cuenten con capacidad recaudatoria, y crear un órgano de representación política que ejerza funciones de deliberación, decisión y vigilancia de las jefaturas delegacionales.

*Titular de la delegación Álvaro Obregón