urante el interregno en la ciudad de México, en el lapso en el que quien se va y su equipo preparan la entrega-recepción
y van perdiendo controles y mandos y los que llegan aún no deciden ni tienen las riendas del poder, hay un vacío arriba y una oportunidad de abuso abajo; esto acompañado de nerviosismo y tensión porque tanto los que arriban como los que se van sufren un cambio brusco en sus rutinas y en sus sentimientos de seguridad.
Muchos perderán el empleo y buscan afanosos amistades y conocidos para engancharse en otro, el sistema es demasiado cruel en este renglón y sus efectos son devastadores en los servidores públicos y en sus familias; reintentar el servicio público de carrera sería muy positivo y humano, nada fácil sin duda, pero indispensable tarde o temprano.
En este ambiente de incertidumbre y estrés, se multiplican a ras de tierra y también en las alturas los abusos y los atropellos, los casos de corrupción se incrementan y la responsabilidad se diluye. El fraude de Carlos Ahumada se dio en el paso de un gobierno a otro, las licencias de construcción violatorias de reglas elementales se otorgan con frecuencia en esos momentos de indefinición.
La violenta jornada del primero de diciembre se encuadra en ese escenario agravado con el insólito caso del Dr. Manuel Mondragón, que en el correr de unas cuantas horas dejó el mando de la policía local y asumió el de la nacional, muy mal afamada por el estilo y modos de su anterior titular.
Aun no sabemos, aunque sospechamos, que quienes tomaron las decisiones equivocadas el día del cambio del Ejecutivo federal fueron los que se iban, ciertamente con la anuencia de mandos militares que son los mismos antes o después. Pero todos, los que tuvieron las riendas del poder, el mando de la fuerza pública del Estado, no están hoy, comprometidos en las secuelas de lo sucedido ni expuestos a la crítica de quienes reclaman las injusticias cometidas en contra de heridos graves, golpeados y detenidos ilegalmente.
Si se analizan objetivamente los hechos, se tiene que concluir que el origen de los disturbios estuvo en su planeación y ejecución inicial del lado del gobierno federal, que ya dio vuelta a la hoja y deja explicaciones y responsabilidades en el gobierno local, que asumió el poder cinco días después de los hechos y en medio de una aplastante campaña mediática.
La intención de la versión oficial intensamente difundida, fue desde un principio meter en el mismo saco a los que protestaban airados, pero sin agredir a nadie, y a los que, encapuchados y con toda impunidad, ante la pasividad de la policía aún no bajo el mando de la actual administración, causaron teatralmente, para las cámaras de televisión, destrozos y robos; el engaño consiste en confundir a los que ejercían derechos elementales de expresión y manifestación con los que fueron enviados ex profeso a causar desorden y temor.
Unos desencadenaron los acontecimientos y otros tienen que asumir la secuela de los mismos; el gobierno que encabeza Miguel Ángel Mancera se topa, cuando asume el poder, con hechos consumados; heridos, destrozos deliberados y la delicada disyuntiva frente a los detenidos, que ante las pruebas conocidas: testimonios dudosos de policías y videos confusos, son inocentes y así lo juzga un amplio sector de la población.
Es, creo, el momento en el que los poderes de la ciudad de México, los tres, Legislativo, Ejecutivo y Judicial, afiancen las riendas y eviten ser los paganos de acciones y decisiones que no fueron de ellos, pero que pueden dejarles una marca indeleble durante toda su gestión. La decisión podría ser entre tolerancia cero o intolerancia cero; gobernar es frecuentemente entender y asumir sentimientos y razones de los gobernados que esperan justicia más que formalidades, declaraciones y explicaciones.
En estas circunstancias la derogación inmediata del ambiguo e injusto delito de ataques a la paz pública es la salida más atinada, congruente con el respeto a los derechos humanos y con un espíritu de independencia y de justicia.
