a Constitución aprobada mayoritariamente en el referéndum realizado en Egipto entre el 15 y el 22 de diciembre aproxima a ese país a la condición de una república islámica –toda vez que establece a la musulmana como religión del Estado y proclama a la sharia como fuente principal de la legislación– y contiene preocupantes limitaciones a derechos ciudadanos y libertades individuales. Asimismo, el documento es regresivo, en relación con la Carta Magna de 1971, en lo que respecta a los derechos de las mujeres y a la protección que la ley debe brindarles.

Adoptada en una consulta que se caracterizó por una bajísima participación ciudadana –sólo acudió a las urnas 33 por ciento del electorado, esto es, 17 de 52 millones de registrados–, y por los señalamientos opositores sobre prácticas fraudulentas perpetradas por el gobierno que encabeza Mohamed Morsi, la nueva Constitución es, sin duda, un triunfo del integrismo islámico y una derrota para el movimiento ciudadano que hace casi dos años, en enero de 2011, derrocó al régimen presidido por Hosni Mubarak, y que ha venido luchando por la modernización política y social del país y por la expansión de derechos y libertades.

El resultado del referéndum constitucional constituye también un severo traspié para la proyección de los intereses occidentales en la región, habida cuenta que el avance de las vertientes políticas islamistas contribuye a fortalecer, así sea de manera indirecta, al amplio y variado abanico de actores regionales sunitas y chiítas con los que Washington y sus aliados se han enemistado de manera persistente, y que va desde el régimen iraní hasta movimientos de resistencia como Hezbollah, en Líbano, y Hamas, en los territorios palestinos.

Para la ciudadanía laica y democrática de Egipto la inminente promulgación de una Carta Magna de corte islamista representa un retroceso histórico impensable hasta hace unos meses, pero es también una lección histórica: los únicos estamentos que lograron capitalizar la revuelta de enero de 2001 fueron los que contaban con una tradición organizativa, es decir, las fuerzas armadas y los Hermanos Musulmanes, organización de la que procede el presidente Morsi. Ambos pudieron, en consecuencia, hegemonizar el poder cuando éste fue puesto en juego por la vía electoral, en tanto que el movimiento ciudadano –cuyo polo principal se agrupa hoy en el Frente Nacional de Salvación– hubo de permanecer como mero espectador de la disputa.

Cabe esperar que el sacrificio de quienes murieron en la represión lanzada por el viejo régimen y quienes han luchado y se han movilizado desde hace dos años por un país democrático, plural y libre, sean capaces de desarrollar formas organizativas que les permitan convertirse en una alternativa real de poder y que puedan inducir una verdadera modernización política en la nación árabe.