Pese a las presiones al Congreso para que se aprobara con celeridad la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, el presidente Enrique Peña Nieto aún no la promulga, por lo que los cambios ahí establecidos, como la desaparición de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), aún no se concretan.

El priísta Omar Fayad, presidente de la Comisión de Seguridad del Senado, y el perredista Manuel Camacho Solís coincidieron en que el asunto se complica si los diputados del PRI presentan una acción de inconstitucionalidad contra la ratificación del comisionado de Seguridad Pública –cargo que ocupará Manuel Mondragón y Kalb, actual encargado de despacho de la SSP– y del secretario ejecutivo del Sistema de Seguridad Nacional.

La reforma se aprobó el pasado 11 de diciembre, luego de una semana de confrontación entre el PRI y el bloque conformado por PAN, PRD, PT y Movimiento Ciudadano, sobre todo por la decisión de estos últimos de señalar controles democráticos, especialmente por la facultad que se confirió al Senado para ratificar a los dos principales jefes policiacos del país, que dependerán de la Secretaría de Gobernación.

Los desencuentros llevaron al bloque opositor a romper el quórum para que el PRI no ganara la votación, y aunque finalmente los senadores priístas aprobaron ese cambio, los diputados del tricolor amenazaron con controvertir la ley, ya que consideran que se debió modificar primero la Constitución para que el Senado pueda ratificar esos dos cargos.

Camacho Solís consideró que en cuanto la reforma se promulgue, los diputados cuentan con un plazo de 45 días para presentar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación la acción de inconstitucionalidad. Se trata de un recurso –dijo– por el que 30 por ciento de los legisladores de alguna de las dos cámaras pueden inconformarse ante la aprobación de alguna ley que consideran fue impuesta por una mayoría, pese a ser inconstitucional.

Fayad comentó que los diputados de su bancada no le han notificado si presentarán dicho recurso, y de no hacerlo –precisó–, en cuanto el Presidente promulgue la reforma se iniciará el proceso legislativo para ratificar a Mondragón y Kalb, toda vez que en el caso de los senadores –afirmó–, el problema era de forma, no de fondo.

Respecto a la situación actual de este último, dijo que se encuentra como encargado de despacho en la SSP, y los nombramientos que realice, entre ellos del comisionado de la Policía Federal, son legales.

Otro tema pendiente, mientras no entre en vigor la reforma, es la restructuración de la Secretaría de Gobernación y de la de Reforma Agraria. El caso de la Secretaría de la Función Pública, que desaparece también, está supeditado a la creación del organismo anticorrupción, que está en otra iniciativa de Peña Nieto.