yer, en respuesta a la reaparición en la escena pública del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y en coincidencia con el 19 aniversario del levantamiento armado de enero de 1994, el gobernador de Chiapas, Manuel Velasco, se pronunció por el cumplimiento de los acuerdos de San Andrés en sus términos originales y se comprometió a respetar el derecho a la resistencia y autodeterminación de los zapatistas.

La declaración del mandatario chiapaneco ocurre con el telón de fondo del amplio consenso social, vigente desde hace años, en torno a la necesidad de resolver las circunstancias históricas de marginación, opresión, exclusión, despojo, explotación y discriminación que padecen los pueblos indios del país, y de recuperar para ello, en sus términos originales, los acuerdos suscritos por el gobierno de Ernesto Zedillo y los insurgentes zapatistas en febrero 1996, que no han sido cumplidos y que fueron desvirtuados con la aprobación, en 2001, de un remedo de ley en materia de derechos y cultura indígenas. Dicho consenso, que ha sido el centro de la agenda de los pueblos originarios, de diversas organizaciones civiles, dirigentes sociales, académicos, líderes religiosos y defensores de derechos humanos, ha resurgido ahora a la par de la irrupción pública del zapatismo y, según ha podido verse en las últimas horas, ha incorporado incluso a algunos integrantes de la clase política chiapaneca y nacional.

Por desgracia, esas coincidencias para lograr una solución de fondo a la cuestión indígena siguen sin ser compartidas por diversos actores políticos. En la mayoría de los ámbitos del México institucional siguen persistiendo la demagogia, la incomprensión y el desinterés sobre la problemática de las pueblos indios que hace una década se reflejaron en la aprobación del citado engendro legislativo. Tales actitudes salieron a relucir ayer mismo, con pronunciamientos como el del senador panista Javier Lozano, quien calificó de pantomima la difusión de los comunicados zapatistas y criticó sus posturas totalitarias y arbitrarias. Un desprecio muy similar pudo observarse en el ámbito de la izquierda partidista, con el rechazo de la senadora por el PRD Angélica de la Peña a crear una comisión de concordia y pacificación, porque no estamos en guerra, a pesar de que la ley que obliga a su formación sigue vigente y se mantiene viva una política de contrainsurgencia en contra de los rebeldes.

Semejantes posturas permiten ponderar la brecha creciente entre el México de arriba –por usar el término empleado por el subcomandante Marcos en sus comunicados– y la realidad de los pueblos indígenas, que siguen padeciendo agravios e injusticias en muchos de sus entornos fundamentales –como el indígena y el comunitario– y que, a lo largo de los pasados 19 años, han enfrentado nuevas simas de descomposición y violencia institucional. El escenario actual, pues, no deja mucho margen de maniobra a las autoridades para ignorar la plena vigencia de la problemática que se expresó con las armas en 1994: guste o no a las autoridades y a los dirigentes y representantes de las distintas fuerzas políticas, unas y otros tendrán que tomar en cuenta al zapatismo como interlocutor, reconocer la procedencia de las demandas formuladas por ese movimiento hace casi dos décadas y retomar la cuestión indígena como uno de los elementos centrales e ineludibles del debate público.