l desmedido crecimiento observado durante 2012 en las deudas de los usuarios de crédito al consumo en el país –las cuales crecieron en más de 101 mil millones de pesos y, en el caso particular de las tarjetas de crédito, llegaron a la cifra sin precedente de 266 mil 300 millones– constituye un indicador preocupante y un aviso de riesgos potenciales para el sistema financiero y la economía nacional, en la medida en que la estampida poco responsable en el otorgamiento de créditos de los bancos no ha ido acompañada de un incremento sustancial en los ingresos de las personas y sí, en cambio, de un incremento en la morosidad: apenas el mes pasado la calificadora Moody’s advirtió que la cartera vencida de los bancos se había duplicado en el reciente año y medio, en tanto que la firma Fitch afirmó que el incumplimiento de pagos entre usuarios de préstamos bancarios al consumo comenzaba a mostrar una dinámica similar a la que precedió la más reciente crisis de las tarjetas de crédito, en 2008.

Hay, por lo demás, sectores de la economía en los que se ha pasado de los indicios problemáticos a las debacles consumadas. Esta misma semana, la sociedad financiera Su Casita –que que llegó a administrar la segunda cartera hipotecaria en el país, incluyendo a los bancos– fue declarada en quiebra ante la imposibilidad de pagar y restructurar su deuda. En el ámbito de la administración pública, la proliferación de casos de municipios incapaces de saldar sus débitos con los bancos constituye un factor de preocupación adicional, sobre todo por cuanto el fenómeno de endeudamiento público desmedido no es privativo de dicho nivel de gobierno: como se publicó en días recientes en estas páginas, la administración federal calderonista elevó la deuda interna y externa del sector público en proporciones cercanas a 150 por ciento y las llevó a su máximo histórico.

Más allá de que los indicadores relacionados con el sistema financiero y la deuda pública resulten normales y manejables en la lógica tecnocrática que permea el discurso oficial, no resulta nada halagüeño que la economía y las finanzas nacionales comiencen a involucrarse en una dinámica que en el pasado reciente ha llevado a países como Estados Unidos y España a la debacle económica: crecimiento desmedido de los créditos y de los impagos, dificultades en el sector hipotecario y sobrendeudamiento público.

Lo anterior se agrava en un momento en que el contexto internacional muestra signos de vulnerabilidad y riesgos de inmiscuirse nuevamente en una espiral recesiva –desde la crisis de la deuda en Europa hasta las dificultades por conjurar el abismo fiscal en Estados Unidos– y en el que vuelven a salir a relucir los sempiternos factores de debilidad estructural del país en materia económica: dependencia de las exportaciones, la venta de crudo en el exterior y las remesas internacionales; debilidad del mercado interno; estancamiento salarial y déficit de empleo.

En la hora presente y ante los atisbos de nuevas turbulencias económicas para el mundo y para México, lo peor que puede hacer el gobierno federal es mantener la postura que caracterizó a su antecesor, de minimizar los peligros que enfrenta la economía nacional y sus potenciales costos en materia social. La desatención gubernamental a las señales que representan las cifras referidas y a las afectaciones ya registradas en algunos sectores de la economía real podrían conducir a un estado de vulnerabilidad económica similar o peor al que concluyó en 2009 con la peor caída del PIB nacional desde que se tiene registro de ese indicador, e incluso a la necesidad de medidas de salvamento financiero como las que se han aplicado recientemente en el viejo continente, o, peor aún, como la que se concretó hace tres lustros en el país con el desfalco del Fobaproa.