n su carrera por hacerse de legitimidad Peña Nieto apuesta por el denominado Pacto por México entre las tres fuerzas políticas mayoritarias, y advierte que el país no debe esperar más las mentadas reformas que, según su visión neoliberal, necesita la nación. En paralelo, el nuevo gobierno federal y los poderes fácticos lanzan una campaña de unidad nacional, cargada de propaganda nacionalista, cuya intención es satanizar de traidores y saboteadores a los ciudadanos que no se adhieran al acuerdo cupular.

A un mes de su firma, el Pacto se ha convertido en la agenda de discusión parlamentaria para los próximos meses y ha generado reacciones contrastantes, desde críticas demoledoras que muestran su cara más sórdida, mendaz y excluyente, hasta automáticas adhesiones que incluyen a un espectro importante de la autoproclamada izquierda partidista congregada en el PRD. En medio de la polémica, el pacto se ha convertido en eficiente distracción que estimula la desmemoria social sobre la forma en que Peña Nieto y sus aliados operaron la compra de la Presidencia.

Sus principales efectos provienen de una ambigua mezcla de ofertas de beneficio social con reformas estructurales que se sintetizan en las propuestas del punto número 2, Acuerdos para el crecimiento económico, el empleo y la competitividad. Es en este apartado donde se concentran las claves para desenmascarar el Pacto por México como un proyecto de reacomodos político-empresariales que excluyen a las fuerzas ciudadanas. Prueba de ello es el caso de la minería, solventado en el pacto mediante escasos 10 renglones del punto 2.6, el cual propone una nueva Ley de Explotación Minera dirigida a convertir esta industria en socialmente responsable. Tal cualidad se reduce a la intención de crear una nueva carga fiscal que establezca impuestos a la producción minera y derrame recursos en los municipios y comunidades donde se asienten las explotaciones. Quienes diseñaron y negociaron el pacto evadieron así la urgencia de cambiar el actual modelo extractivista impuesto por Salinas y su primera generación de reformas neoliberales, misma que ha generado daños socioambientales irreversibles y a gran escala en diversas regiones del país.

En 1992 la modificación del artículo 27 constitucional eliminó la protección de la propiedad social de la tierra y creó los mecanismos para que ejidatarios y comuneros pudieran asociarse entre sí o con terceros para actividades productivas, iniciando la conversión de la tierra ejidal y sus recursos en mercancías, proceso que se complementó con reformas a leyes secundarias, incluidas las de minería e inversión extranjera. La primera, además de plantear formidables condiciones de exención fiscal para la minería, en su artículo sexto declaró de utilidad pública la exploración, explotación y beneficio de minerales, que definió como preferentes por sobre cualquier otro uso del territorio; la segunda permitió la operación de empresas mineras de capital foráneo. Con ello, los intereses privados de mineras trasnacionales se convirtieron, inconstitucionalmente, en causa de utilidad pública, abriendo la puerta a un proceso de despojo territorial y de transferencia de recursos minerales –principalmente metales preciosos– hacia el extranjero, a cambio de una deuda ambiental y social sin precedentes. A lo anterior se sumaron factores como la nueva fiebre áurea y transformaciones de la industria minera, sobre todo canadiense, cuyas técnicas le permiten extraer oro disperso en territorios mediante la devastación a partir de tajos a cielo abierto.

Los conflictos, despojos y destrucción del patrimonio ambiental, producto del avance que las mineras en México han logrado en años recientes con corrupción y apoyo gubernamental, han generado una resistencia ciudadana que plantea la reforma integral del marco legal para detener el irracional modelo extractivo que padecemos.

Organizaciones ciudadanas, abogados y académicos discutieron en 2012 el problema y avanzaron en una iniciativa de reforma a la ley minera, la cual plantea eliminar el carácter de utilidad pública que tiene la extracción de minerales. El enfoque se basa en la recuperación del principio del bien común, la preservación del patrimonio, la defensa del territorio, la biodiversidad y los derechos humanos; la defensa del agua, la prohibición de la minería a cielo abierto para metales preciosos; el acceso efectivo a la justicia ambiental; la estricta regulación y vigilancia de la industria minera; el diseño de un nuevo esquema fiscal que detenga la transferencia de riqueza al exterior, entre otras medidas. El objetivo es presentar dicha iniciativa ciudadana en febrero ante el Congreso de la Unión. Sin embargo, los supuestos representantes populares y las corporaciones mineras tienen otros planes.

Así lo demuestra la exclusión que de las iniciativas ciudadanas han hecho las fuerzas políticas firmantes del pacto, en las cuales militan desde legisladores que conocen las atrocidades cometidas por mineras trasnacionales, hasta otros que operan como cabilderos de dichas corporaciones. Ejemplo, lamentable, ha sido el intento del senador Armando Ríos Piter por detener la iniciativa de su compañera de bancada, Iris Mendoza, quien exigió la clausura de New Gold-Minera San Xavier (MSX) en Cerro de San Pedro y la creación de una comisión que investigue sus delitos. Ríos Piter logró que el 8 de noviembre su amigo Armando Ortega –director de MSX y ex funcionario– fuera recibido en privado por la senadora Mendoza y su equipo. Recientemente, Ríos Piter buscó asesoría de expertos en derecho financiero y fiscal para adelantar una propuesta de reforma de ley minera que permita mantener las condiciones básicas de depredación. ¿Para quién trabaja este senador? No para la ciudadanía, mucho menos para la defensa del país. Habrá que preguntarle entonces a Jesús Zambrano.

* Investigador de El Colegio de San Luis, AC. Autor de Dolores antes de la Independencia. Microhistoria del altar de la patria. Miembro de la Red Columnaria de la Universidad de Murcia, España