oy defender in situ a la naturaleza es enfrentar ineludiblemente a las fuerzas desbocadas del capital: grupos de talamontes locales o regionales, impulsores de megaproyectos, gigantescas empresas mineras, de energía o del agua. Cada conflicto ambiental es una batalla recia entre los intereses corporativos o privados y el bienestar de los ciudadanos convertidos en voceros, defensores y militantes de la naturaleza. En estas batallas el Estado actúa casi siempre del lado de los primeros, y bajo los escudos justificativos del progreso
, la modernización
y el desarrollo
. Cuando los intereses de la ganancia económica no logran corromper a abogados, jueces, presidentes municipales, funcionarios estatales y federales o bien dividir a las comunidades en resistencia, echan mano del último recurso que les queda: la cárcel, el secuestro, la amenaza de muerte y la muerte de líderes, abogados defensores y aún de funcionarios honestos.
En México, donde la conflictividad socioambiental se ha multiplicado a tal punto que un simple recuento hemerográfico de los años recientes arroja más de 200 conflictos –54 de ellos provocados por las compañías mineras– el saldo en víctimas mortales va en ascenso. Se trata mayoritariamente de gente rural, campesinos e indígenas, pero también de miembros de organizaciones ambientalistas e incluso de funcionarios de oficinas dedicadas a la protección y conservación del ambiente. La lista siguiente (ver cuadro arriba) es un recuento, todavía incompleto, de los activistas asesinados en los pasados seis años.
No hay duda de que estamos obligados a reconstruir esas historias de ignominia, rescatando del gélido silencio a los decenas, quizás cientos, de héroes ambientalistas tan anónimos como silvestres, que han arriesgado su vida para preservar el hábitat y los recursos naturales de la nación y del mundo. Sirva esta modesta contribución para lograrlo.
