La Procuraduría General de la República (PGR) suspendió la renta de aeronaves para el traslado de personal, detenidos y reos, revelaron funcionarios de la institución.

En tanto, ex trabajadores de la Dirección General de Servicios Aéreos (DGSA) solicitaron un encuentro con el procurador de la República, Jesús Murillo Karam, para solicitar su reinstalación y en algunos casos que se aclare por qué, si no fueron notificados de su baja durante la gestión de Marisela Morales, se les impide desempeñar sus puestos como pilotos y técnicos en distintas especialidades en aeronaútica.

Desde el primero de septiembre de 2012, la flota de la PGR, que oficialmente cuenta con más de 90 naves, pero de las cuales sólo ocho tenían condiciones de aeronavegabilidad, se encuentra parada, y para realizar las funciones de traslados se contrataron unos ocho aviones y helicópteros a empresas mexicanas y estadunidenses, con la autorización de Marisela Morales.

Los contratos, según las fuentes consultadas, no fueron renovados con fecha primero de enero, supuestamente por el alto costo que esas rentas significaban para la institución, por lo que la flota sigue paralizada aunque 40 naves ya fueron reparadas.

Las fuentes consultadas indicaron que la nueva administración analiza la reorganización de la DGSA y la reposición de las operaciones.

Señalaron que la Oficialía Mayor de la PGR suspendió los despidos de personal técnico o administrativo de la DGSA, pero no han accedido a un encuentro con los más de 200 trabajadores cesados entre los meses de septiembre y noviembre de 2012, cuando la administración precedente ordenó una auditoría técnica y operativa, y el inicio de investigaciones ministeriales por delitos como robo y fraude, por el presunto descubrimiento de sustracción de partes de aviones y helicópteros de la flota de la PGR.

En la Subprocuraduría de Delitos Federales se inició una averiguación previa por la mala administración de las naves y la falta de operatividad, pero se desconoce el avance de las indagatorias.