os bienes son para aliviar los males, dice un viejo proverbio. Nuestras normas exigen la declaración de bienes de todos los llamados a la corte, a colaborar con el gobierno, sea de izquierda, de derecha, alternante o transitorio. Nada de opacidad, dicen las buenas conciencias. Pero hay velos de pudor y de temor en estos años de apertura política, de desnudos mediáticos. Y la ley, sabia ley, no exige que se hagan públicos el valor de esos bienes ni el monto de lo ahorrado para aliviar los males.

A la mitad del camino de los primeros cien días tropezaron el vicio y la virtud. Todo programado, todo acordado, planes y proyectos detallados que pasaron antes por el agua bendita de la negociación, la del ya casi olvidado quehacer político. Nadie duda que Enrique Peña Nieto y sus colaboradores hacen política, ejercen las facultades que la ley otorga y, en una palabra, gobiernan. Que tropieza ocasionalmente en tribuna el mandatario incontestado, desde luego. Y de inmediato revive el entusiasmo en las redes sociales de la alegre anticipación de una primavera mexicana con pirámides y sin esfinge. Pero los aciertos son incesantes y los logros innegables. Se puede estar en desacuerdo con algunas de las iniciativas y puntos incluidos en el Pacto por México; disentir con forma y fondo en las reformas energética y hacendaria previstas, pero no en la urgencia de ponerlas a debate y dejar atrás la parálisis.

Por lo pronto al topar el vicio y la virtud en el acto espontáneo con el que el presidente Peña cumpliría su obligación de presentar su declaración de bienes, se les enredaron las pitas a los funcionarios de la secretaría en liquidación que fuera alguna vez contraloría, así como a los comunicadores del hasta ese momento lucidor equipo de secretarios del Ejecutivo, sin excluir al que está en la imaginaria, a las puertas de la secretaría ubicada en Bucareli. A la vista de la nación, cada uno fijó su sueldo en la cantidad que quiso, o en lo que recibirá como ingreso neto anual; todos sin excepción cumplieron al enlistar bienes raíces, muebles, semovientes, obras de arte, joyas y bisutería, así como donaciones y herencias recibidas. Dan algunas dimensiones, pero ni siquiera aclaran si son urbanos o rurales dichos fundos.

La ley no obliga a hacer público el valor de los bienes con los que se llega al cargo de gobierno, sino a entregarlo al organismo oficial encargado de cuidar honras ajenas y evitar la opacidad que alienta la maledicencia y facilita el muy explicable enriquecimiento en los cargos públicos. Entonces por qué y para qué montar el escenario mediático que, en primera instancia, sembró confusión y acabó por hacer opaco lo que se procuraba transparentar como muestra de compromiso con la vocación y voluntad republicanas. Todo se aclaró. Pero hacerlo prueba que fue confuso el ejercicio y, sobre todo, innecesario. No hay peor error político que el que resulta de una acción innecesaria. Lista de bienes para aliviar males: la hoja en blanco presentada a nombre de Jesús Murillo Karam. Por razones de seguridad, se dijo.

Hay motivos para ser optimistas. Los políticos de la pluralidad se convencieron de que la transición los tuvo 15 años dando vueltas a la noria. Y los huérfanos de la alternancia entendieron que el sistema plural de partidos no era la causa fatal de los gobiernos débiles, que la ausencia de mayoría definitiva en el Congreso no era obstáculo insalvable para las reformas legislativas, incluidas las constitucionales. Exigía, imponía el acuerdo en lo esencial entre los tres partidos dominantes, negociar, discutir, disentir, concertar coincidencias y aceptar las propuestas básicas del otro, de los otros, para no dar motivo al rechazo de las propias, a revivir historias de fantasmas y el miedo al autoritarismo redivivo. Sin mayoría en las cámaras no puede darse el cesarismo.

El PAN celebró ayer su Consejo Político Nacional. Cecilia Romero, secretaria general, había anticipado que no asistiría la ex candidata presidencial, Josefina Vázquez Mota, porque hoy es su cumpleaños. Y asistió. Símbolo de la civilidad política que hace posible el pacto de los logros y de las desconfianzas de los timoratos. Pero nada borra la sonrisa del rostro de Ernesto Cordero, el mismo gesto como anfitrión de Enrique Peña Nieto en el Senado que al sumarse al lamento por los ataques del PRI contra panistas indiciados por corruptelas, al mismo tiempo en que se apoyan las tareas del pacto. Gustavo Madero encontró ahí, en ese pacto, el impulso para sobrevivir a la amarga derrota y a los embates del embozado calderonismo. La alternancia de la alternancia permitirá al PAN deshacerse de los adherentes y, a los tres del pacto, acabar con la vergüenza del arraigo y la exhibición de indiciados ante los medios electrónicos.

La reforma educativa ya es constitucional. Las protestas magisteriales tienen el sello de la casa: los de la CNTE ya han tomado las calles y las huestes de la maestra Elba Ester Gordillo, los del SNTE, anuncian actividades culturales, protestas pacíficas y civilizadas, los fines de semana para no dejar sin clases a los alumnos. El viernes, en conferencia de prensa, con Eduardo Sojo, presidente del Inegi, anunció Emilio Chuayffet que el censo de escuelas, maestros y alumnos de educación básica y especial se hará de septiembre a noviembre próximos y estará listo a fin de año. Ese compromiso hizo Enrique Peña Nieto el 1º de diciembre: cuántos son, quiénes son, cómo son y en qué condiciones están las aulas de las escuelas que integran el gran sistema de educación pública, gratuita y laica.

Cegados por el miedo a las brujas de Macbeth, por el desprecio del conservadurismo criollo a los que llamaron despectivamente los pobresores, los del poder constituido cedieron paulatinamente al mítico poder electoral de los dirigentes del sindicato. Ante Elba Ester Gordillo, heredera de los cacicazgos en cadena, inamovible al llegar quienes no sabían cómo removerla del sitial ni con quién hacerlo. ¿Cuántos comisionados hay? ¿Cuántos profesores cobran sin dar clases? Hay un millón 300 mil maestros en la SEP. Al grito de ¡viva el que vence!, Ángel Aguirre, gobernador de Guerrero, dijo ante el presidente Peña que 15 mil cobraban en su estado sin dar clases. Emilio Chuayffet dijo el viernes que el censo es un instrumento vital para dar precisión a las políticas públicas, esa información no tendrá restricción alguna y estará abierta a la población.

Vale la pena citarlo: Creo que la inmensa mayoría de maestros de México está persuadida de la exigencia social... éste no es un ejercicio voluntario ni está sujeto al parecer de todos los integrantes de la educación en México, sino que es un mandato constitucional que habrá de ejercerse con base en derecho (...) en México no nos gusta (cumplir el derecho), lo llamamos represión, limitación a la conducta libérrima de los ciudadanos. El derecho en México y en el mundo es el que nos otorga potestades y obligaciones... Contra el derecho a recibir educación, ninguna bandera es válida y mucho menos sacar a los niños de las escuelas para hacerlos parte de una manifestación; todos y cada uno de los protagonistas de la enseñanza tienen mecanismos legales para hacer valer sus derechos y defenderlos: esos, los lícitos, son los únicos que valen; los ilegales, de ninguna manera pueden ser tolerados.

Palmetazo de dómine. Pero hay quienes denuncian que se abre una ventana a la privatización, mientras la clerigalla pretende forzar la puerta para imponer enseñanza religiosa y eliminar la educación pública laica.