Con un llamado contra la reforma educativa que reunió a poco más de 200 profesores y trabajadores de apoyo institucionales, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) salió ayer a las calles de la capital del país, por segunda ocasión en 23 años, en el arranque de su Jornada Nacional por la Defensa de la Educación Pública y los maestros.

No obstante, la noche del pasado viernes una representación del Comité Ejecutivo Nacional del gremio, que lidera Elba Esther Gordillo Morales, acudió a la Secretaría de Educación Pública (SEP) para entregar su pliego general de demandas 2013, con la exigencia al gobierno federal para que destine mayores recursos a la creación y regularización de plazas, así como a programas destinados a la capacitación de los docentes.

Por la mañana de este sábado, en una concentración en la explanada del Monumento a la Revolución, integrantes del sindicato dieron inició a su jornada de movilizaciones con un llamado a las madres de familia a luchar por la escuela pública y laica y contra su privatización.

Al acto, convocado por la cúpula magisterial –al igual que las protestas de mayo pasado contra la evaluación universal encabezadas por grupos institucionales–, acudieron decenas de maestros portando globos blancos y naranjas con las siglas del gremio.

Dirigentes de las secciones 10 y 11 del Distrito Federal enfatizaron que la protesta no es únicamente por los derechos laborales del magisterio, sino primordialmente por la defensa de la educación pública.

Con más de dos horas de retraso, los manifestantes, en su mayoría trabajadores de apoyo de la sección 11, comenzaron a llegar a la Plaza de la República, donde se instalaron tres carpas y una mesa para la recolección de firmas por una alianza estratégica en defensa de la educación pública y los derechos sociales del magisterio.

En el mitin, encabezado por Jaime León Navarrete, secretario general de la sección 10, y Juan Gabriel Corchado, secretario general de la sección 11, que agrupan en su conjunto a cerca de 120 mil agremiados en el Distrito Federal, anunciaron que se realizará brigadeo en todas las escuelas de educación básica y media superior.

En el documento dirigido a las madres de familia se advierte sobre los riesgos de las modificaciones a los artículos tercero y 73 constitucionales: “nos dicen que con esta reforma se logrará la calidad de la educación, en lo que estamos totalmente de acuerdo, pero no nos dicen otras cosas que sí pusieron en la ley:

Que los alumnos, maestros y padres de familia serán los responsables de la resolución de los problemas que cada escuela enfrenta, es decir, sus aportaciones serán obligatorias, nos dirán otras cosas, pero eso es lo que pusieron en la ley.

Y agrega, esa es la parte de la reforma educativa en la que no estamos de acuerdo: que los padres de familia sean los responsables de sostener económicamente las escuelas, esto se llama privatización. Por mucha presión que exista de los empresarios para hacer de la educación pública un negocio, no lo permitamos.

Amenazas de la SEP

En cuanto a las declaraciones del titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Emilio Chuayffet Chemor, de que se sancionará a todo maestro que suspenda clases, los dirigentes sindicales afirmaron que no vamos a renunciar a nuestro derecho constitucional a protestar, y el Estado está para garantizar este derecho, no para obstaculizarlo.

En tanto, fuentes del gremio informaron que con la entrega al oficial mayor de la dependencia, Nicolás Kibli Albertini, de su pliego general de demandas 2013, se inició formalmente el proceso para establecer una mesa bilateral y revisar punto por punto las demandas del magisterio, que este año se concentrarán no sólo en lo salarial, sino especialmente en la creación de plazas y capacitación.