La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) inició una queja de oficio por el caso relacionado con el movimiento de autodefensa armada formado por diferentes organizaciones ciudadanas en varios municipios de Guerrero.

El organismo nacional consideró que es urgente que las autoridades federal y estatal impulsen mecanismos que permitan la atención y protección de la población y garanticen su seguridad a plenitud. Será, por tanto, materia de la presente investigación, las acciones y omisiones de las mencionadas autoridades en estos municipios guerrerenses.

En un comunicado, la CNDH subrayó que la seguridad pública es un derecho humano y está relacionado directamente con el concepto de estado de derecho y de paz pública. Resaltó que el artículo 17 de la Constitución mexicana establece que ninguna persona puede hacerse justicia por sí misma ni ejercer violencia para reclamar su derecho.

Desde el 6 de enero, luego del secuestro de Eusebio Álvarez, ganadero y comisario de la comunidad Rancho Nuevo, municipio de Tecoanapa, decenas de comunidades de la Montaña y la Costa Chica de Guerrero iniciaron acciones de autodefensa armada.

Falta de respuesta oficial

Esto, argumentaron, ante la falta de respuesta de los tres niveles de gobierno para atender las demandas de seguridad de los pueblos contra el crimen organizado que opera en esas dos regiones del sureste del estado, donde habitan indígenas me’pha (tlapanecos); ñuu savi (mixtecos), amusgos y afromestizos.

En estas acciones, encabezadas principalmente por contingentes de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero, las comunidades advirtieron en su momento que se sumaron al movimiento ciudadano cansadas por los crímenes, violaciones y extorsiones de que son víctimas por los grupos delictivos.

La CNDH, presidida por Raúl Plascencia Villanueva, informó que los actos de autodefensa se realizan en municipios como Ayutla de los Libres, San Marcos y Tecoanapa, entre otros.

Desde hace 15 días, policías comunitarios han tomado el control de la seguridad en esos municipios de la Costa Chica de la entidad, a través de retenes con personal armado, toques de queda y suspensión de clases ante el temor de ser víctimas de la delincuencia organizada, apuntó el organismo nacional.

Añadió que una vez integrado el expediente de queja, emitirá la determinación que conforme a derecho corresponda.