Mientras representantes de diversas organizaciones sociales criticaron que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) liberara a la ciudadana francesa Florence Cassez, el abogado galo Frank Berton afirmó que es un día histórico para la justicia mexicana, ya que se devolvió la libertad a una jovencita que desde hace siete años ha clamado su inocencia y quería recuperar su libertad.

Por su parte, los dirigentes de México SOS, Alejandro Martí, e Isabel Miranda, de Alto al Secuestro, aseguraron que la medida resulta preocupante, porque otras personas acusadas de secuestro podrían utilizar la resolución de la Corte en el caso Cassez para obtener su libertad.

En ese contexto, el litigante contratado por el gobierno de Nicolás Sarkozy señaló que “es un día histórico. La justicia ha triunfado también en México. Luchamos para que los derechos humanos y la Constitución mexicana fueran respetados. Tengo ganas de abrazar a Florence y decirle que todo salió bien. Desde hace años hemos esperado este momento.

Quiero hacer un homenaje a esta justicia mexicana, a la que en algunos momentos critiqué porque estaba sometida por algunos que querían, costara lo que costara, que Cassez siguiera encarcelada, dijo Berton.

La Corte abre la puerta a la impunidad: Isabel Miranda

Por su lado, Isabel Miranda de Wallace declaró: La Suprema Corte de Justicia de la Nación abre la puerta a la impunidad. No le importan las víctimas de secuestro. Para los ministros, no cuentan. Lo que vale es el poder y el dinero. La Corte no estableció que Florence Cassez sea inocente, sólo dijo que la dejaba en libertad porque se violaron sus derechos.

Otros secuestradores pedirán su libertad, dice Alejandro Martí

Alejandro Martí señaló a su vez que uno de los secuestradores y homicidas de su hijo, identificado como Noé Robles, está utilizando en su defensa los mismos argumentos que la defensa de Cassez, y advirtió que sin establecer si algún inculpado tiene responsabilidad, la Corte puede dejar en libertad a secuestradores y criminales con el mismo pretexto de que no se respetaron sus garantías a un debido proceso.