Tras el amparo concedido por la Suprema Corte a Florence Cassez, la Procuraduría General de la República (PGR) consideró inaplazable tomar las acciones indispensables para acelerar la implementación del nuevo sistema penal acusatorio que señala la Constitución, así como (llevar a cabo) la revisión exhaustiva de las técnicas de investigación sobre el delito, para de esta manera generar una nueva forma de procuración de justicia con pleno respeto a los derechos humanos.

Respeto a la decisión

A través de un comunicado de prensa, la PGR señaló que su posición ante el caso Cassez es de respeto absoluto a las resoluciones emitidas por el Poder Judicial de la Federación.

Agregó que la decisión de la primera sala apreció que en el caso de la ciudadana francesa (existieron) violaciones graves al procedimiento, a tal grado que impidieron juzgar sobre la certeza de culpabilidad o inocencia y, en acato a la máxima jurídica que señala que la duda absuelve, otorgó el amparo a la procesada.

La PGR añadió que durante su discusión, los ministros de la Corte establecieron que otorgaban el amparo directo porque se registraron violaciones a los derechos humanos. Ante ello, el tribunal consideró que no era la instancia para juzgar si Cassez era culpable o inocente o si existían dudas de su culpabilidad.

Horas antes, durante una entrevista radiofónica, el procurador Jesús Murillo Karam dijo que la institución se ajustaría a lo que la Suprema Corte decidiera y que sería necesario acelerar la instauración del nuevo sistema de justicia penal.

Lo anterior, abundó el funcionario, para que las instituciones actúen con apego a los derechos humanos “y hacer las cosas adecuadamente, modificar incluso procedimientos para que todo esté ajustado a lo que marca la ley con toda precisión.

Debe evitarse que esto vuelva a suceder y que alguien pueda ser absuelto, sacado de la cárcel, independientemente de su culpabilidad o no, porque alguna autoridad no respetó adecuadamente los procedimientos.