Defensores de derechos humanos aplaudieron la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de conceder el amparo liso y llano, y por tanto la libertad a la ciudadana francesa Florence Cassez, debido a que sienta precedente para que otros procesos judiciales, en particular los relacionados con violaciones a garantías fundamentales, se apeguen a derecho.

Los activistas refirieron que el caso es paradigmático, porque esto obligará a las autoridades de procuración y administración de justicia a transformar la manera como realizan sus investigaciones acusatorias.

José Rosario Marroquín, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, afirmó que es importante que los ministros hayan hecho visible y atendido un caso que representaba mucha presión; esto manda un mensaje de fortaleza del Poder Judicial, consideró.

Ojalá que los jueces se animen a aplicar cada vez con mayor firmeza el debido proceso, porque hoy se desarrollan cientos de juicios donde no se respeta esa garantía, dijo. El objetivo, añadió, es que los juzgadores no convaliden los errores cometidos por el Ministerio Público o por los funcionarios que realizan las investigaciones.

Cuando esto sucede generalmente se responsabiliza sólo a los jueces de la impunidad, pero quienes la originan son las autoridades encargadas de la investigación, pues no realizan su trabajo adecuadamente; contra ellos se deberían enfocar las sanciones, expresó.

La ciudadana francesa, a su salida del paísFoto El Golfo.info

Evidenciadas, grandes fallas

Para Rosario Marroquín, tras esta resolución el sistema de impartición y procuración de justicia tendrá que comenzar a funcionar con un nuevo paradigma y no con base en pruebas fabricadas y confesiones acusatorias; en prácticamente todos los sistemas de justicia del mundo éstas no son pruebas contundentes, sino que se construyen con un proceso de investigación.

Por su parte, Octavio Amezcua, abogado de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, indicó que la decisión de la Suprema Corte es histórica para la protección de derechos humanos en el país y para la reforma al sistema de justicia penal.

La resolución puso en evidencia las grandes fallas en que incurren las autoridades de procuración e impartición de justicia en el debido proceso. Las fiscalías y policías se basan en pruebas fabricadas para presentar casos y consignarlos; por otro lado están los jueces que no revisan los elementos con los que se presentan las acusaciones, y los validan, aun cuando pueden presentar violaciones graves a derechos humanos.

Resaltó que las organizaciones civiles que han celebrado esta decisión no se han pronunciado sobre la inocencia o culpabilidad de Florence Cassez, sino que la problemática fue con todas las violaciones cometidas a su debido proceso.