La Cruzada Nacional contra el Hambre debe atacar los determinantes sociales de la pobreza y no sólo llevar alimentos, lo que significa crear oportunidades de empleo, y para el campo mejorar las condiciones de vivienda y garantizar agua potable, consideró Mauricio Hernández Ávila, director del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP).

Por su parte, Federico Ovalle, secretario general de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (Cioac), afirmó que la estrategia emprendida por el gobierno federal incurre en contradicciones y limitaciones al atender a menos de 50 por ciento entre los mexicanos en condiciones de pobreza extrema y carencia alimentaria, y dejar fuera a 60 por ciento de los municipios que se encuentran en similar circunstancia, principalmente los del sur y sureste del país.

Aunado a ello, dijo, en los programas gubernamentales de combate a la pobreza y apoyo a los productores en el país se insiste en atacar las consecuencias y no las causas de la miseria, pues persisten modelos de apoyo al campo que privilegian a los grandes productores y comercializadores, incluyendo a las agroindustrias extranjeras.

En entrevista, luego de presentar los resultados de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut) 2012 en la Universidad Iberoamericana, Hernández Ávila añadió que la estrategia es una buena oportunidad para mejorar la alimentación en las comunidades y la oferta de alimentos en tiendas Diconsa (encargada de surtir a las tiendas rurales), pues vende productos con alto contenido en carbohidratos.

Advirtió que el reto en cobertura de servicios de salud está en llegar a la población de entre 15 y 29 años, en particular los que no tienen empleo o educación, pues son “triplemente ninis: ni estudian ni trabajan ni tienen seguridad social”. La Ensanut refiere que 21 por ciento de la población en general no cuenta con seguridad social.

En tanto, Ovalle anunció en rueda de prensa la participación de la Cioac en la cruzada y exigió ser incluido en el consejo nacional correspondiente, a fin de poder proponer y evaluar la eficacia de los programas que se pondrán en marcha bajo ese esquema.

Entre las observaciones que planteó está que la referida estrategia atenderá a sólo 7.4 millones de beneficiarios cuando, según cifras oficiales, existen 13 millones de personas en condiciones de pobreza alimentaria. Asimismo, sólo coloca su atención en 400 municipios, cuando alrededor de mil 222 se encuentran entre los más pobres, correspondientes en su mayoría a la región sur-sureste del país.

Olegario Carrillo, de la Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas, sostuvo que la estrategia es más de lo mismo: una suma de programas asistencialistas y paliativos que no modifican el modelo económico excluyente de las mayorías y concentrador de la riqueza.