El éxito de la Cruzada contra el Hambre depende de una verdadera coordinación entre las diversas instituciones federales involucradas, los gobiernos esta- tales y municipales, así como de la real participación social y de evitar caer en las trampas del pasado –como el paternalismo– para que el programa no se desvirtúe, sostuvo la representante de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en México, Nuria Urquía Fernández.

Apuntó que el desarrollo económico del país no ha ido acompañado de una disminución de la pobreza, la cual es todavía una cuenta pendiente. México tiene un desarrollo muy positivo, escenarios inmejorables desde el punto de vista macroeconómico, pero eso tiene que ir acompañado necesariamente del desarrollo social de los 28 millones de mexicanos en pobreza alimentaria.

El objetivo que se fijó el gobierno, atender a 7.4 millones de personas en pobreza alimentaria de los 28 millones en dicha situación, será alcanzable si hay una política pública enfocada a dicho problema, una contraloría social, si los escenarios macroeconómicos son positivos y si no hay alteraciones en la situación económica mundial, que en este momento es frágil.

Además de la cruzada deben permanecer los proyectos de atención social. Un programa asistencial condicionado puede funcionar si va acompañado de otro tipo de medidas de política pública, que sirva para crear los incentivos y el desarrollo económico de la población objetivo.

El gobierno, consideró, no debe detenerse en únicamente atender a 7.4 millones de personas. “El objetivo es alcanzable en seis años, pero habrá que revisarlo cada tres para evaluar cómo se desarrolla la cruzada y los resultados obtenidos. Si la situación económica y las incidencias –incluidas las internacionales– son realmente positivas es posible aumentar la meta, de lo contrario se tendrá que reorientar”.

Puntualizó que la meta establecida es realista y se puede alcanzar, pero ello dependerá del monitoreo, de la buena coordinación y de que no existan cuellos de botella, entre ellos, el atraso en la aplicación de los recursos y que se tome en cuenta la participación social de la población objetivo, porque son sujetos de desarrollo.

Expuso que la cruzada puede apoyarse en el esquema del Proyecto estratégico para la seguridad alimentaria (Pesa) –que a partir de 2002 inició sus operaciones en seis estados y que este año se amplió a 22– por la experiencia en el trabajo con las comunidades, las cuales necesitan de un acompañamiento permanente hasta que sean capaces de tomar el desarrollo en sus propias manos.

Consideró pertinente que en la cruzada se tomen en cuenta las diversas características de las comunidades rurales; no hay que olvidar que se trata de personas y que no se funciona igual en un estado que en otro, pues cada una tiene sus características culturales, cultivos preferidos y formas de trabajar. Además, hay problemas de asignación y ejecución de recursos, de tiempo y de pago. En el Pesa nosotros hemos tenido ese tipo de inconvenientes, pero si lo miramos en su conjunto, en su trayectoria histórica y nacional, es un programa que funciona muy bien y los estados lo ven como un motor de desarrollo rural”.

Dicho esquema, abundó, no puede aplicarse en las zonas urbanas en pobreza, pues éstas requieren de un desarrollo económico, de creación de empleos y de otro tipo de actividades.