on insistencia, el gobierno de Peña Nieto ha planteado que Pemex debe modernizarse y que, para lograrlo, es indispensable la concurrencia de inversionistas privados. Se argumenta que urge hacerla más eficiente, transparente, eliminando subsidiarias y duplicidades, aprovechando la oportunidad que ofrecen los mercados para incorporar nuevas tecnologías, lo que se conseguiría aceptando que grandes empresas petroleras globales se hagan cargo, por ejemplo, de la extracción de crudo en aguas profundas.
Han planteado que, además, esta reforma energética se llevará a cabo este 2013, como está signado por los partidos que acordaron el Pacto por México. Se usa la firma de este Pacto como garantía de que habrá acuerdo parlamentario para modificar la Carta Magna en esta materia. Sin embargo, es claro que entre las distintas fuerzas políticas hay diferencias sustanciales sobre lo que significa modernizar esta paraestatal. La diferencia mayor es que modernizar no necesariamente implica aceptar la participación privada en la industria petrolera.
En la reunión de senadores del PRD, por ejemplo, se ha propuesto dotar a la paraestatal de autonomía de gestión, prohibiendo la inversión privada en el sector. Así que ésta es otra reforma energética. Además, la principal fuerza de las izquierdas electorales ha señalado expresamente su rechazo a la propuesta del gobierno federal. De modo que las garantías que ofrece Peña Nieto a los inversionistas extranjeros no tienen ningún valor.
Los operadores políticos del gobierno esperan que en ambas Cámaras sea posible construir los acuerdos necesarios para lograr la mayoría calificada que demandan los cambios constitucionales: 330 diputados y 87 senadores. Esta mayoría puede lograrse con la participación de los legisladores de Acción Nacional, de modo que no hacen falta legisladores perredistas. La importancia del tema ha llevado a que se recupere la propuesta de que en temas torales para la vida nacional es indispensable consultar a la ciudadanía.
Como acordaron los senadores del PRD habrá que someter a la consideración ciudadana la reforma energética, así como la posible reforma fiscal. Se trata de reconocer que es necesaria la participación de la ciudadanía en decisiones legislativas cruciales. Evidentemente, la bancada priísta considerará que con conseguir los votos necesarios en las Cámaras será posible cambiar la Constitución abriendo Pemex a la inversión privada. Evitarlo implicará que la resistencia que existe se organice adecuadamente y pueda establecer diferentes batallas.
Para ello los ciudadanos que aportaron sus votos por la candidatura de López Obrador serán fundamentales. Habrá que convertirlos en una fuerza en movimiento que se despliegue en todo el país y que obligue al Legislativo a aceptar la consulta popular como mecanismo de decisión política no solamente válido, sino indispensable. Para conseguirlo hace falta que las izquierdas se reúnan nuevamente. Separadas no lograrán frenar el impulso privatista del príísmo gobernante.
El asunto es verdaderamente decisivo. Si ocurre como con la reforma laboral que lograron imponer, los próximos tiempos estarán determinados por un proyecto peñista, que se propone ser transexenal. Proyecto que, a contrapelo de lo que ocurre en América Latina, mantiene una fidelidad terca a las medidas neoliberales propugnadas por organismos financieros internacionales, particularmente la OCDE. Poco importa que hayan demostrado su incapacidad para detonar un crecimiento económico alto y sostenido.
La privatización de Pemex no generará beneficios para el pueblo. Por el contrario, agudizará la profunda desigualdad que caracteriza a nuestro país al permitir que partes sustanciales de los ingresos petroleros queden en manos privadas. Detener el proyecto del gobierno peñista debiera ser de la máxima prioridad para las fuerzas progresistas. De su comprensión y conversión en las acciones necesarias para crear una fuerza social significativa, que se proponga la defensa de Pemex, dependerá el futuro mediato e inmediato del país.
