El hecho de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) haya otorgado un amparo a cinco indígenas por violaciones al debido proceso, pero sólo para efectos –en vez de darlo liso y llano, como a Florence Cassez–, demuestra que en México las instituciones de justicia aplican un doble rasero en función del origen étnico o el nivel socioeconómico de las personas involucradas, señaló Manuel Fuentes, ex presidente de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD).

El litigante deploró que el máximo tribunal interprete la Constitución y otras normas de manera discrecional, beneficiando a algunos con amparos que les permiten salir de inmediato de prisión cuando hay faltas al debido proceso, mientras que a otros los obliga a permanecer encarcelados mientras se corrigen las fallas en sus causas judiciales.

Los ministros se vuelven dueños de la interpretación de las leyes. Pueden hacer lo que quieran y no hay ninguna sanción contra ellos, porque gozan de fuero y sólo la Cámara de Diputados puede determinar sus responsabilidades. Se supone que deben garantizar y promover los derechos humanos, pero lo que hacen es debilitarlos por intereses de grupos, alertó.

Por todo ello, no es exagerado decir que hay una justicia para pobres y otra para ricos. Hay un doble rasero que propicia la inseguridad jurídica, deja a los ciudadanos en un estado de indefensión y le resta credibilidad a las instituciones.

Carla Michel Salas, también integrante de la ANAD, consideró que la justicia en México no se aplica sólo en favor de algunos grupos, sino que ha sido ineficiente para todos, sin importar si son víctimas o inculpados o si son pobres o ricos.

No sé si se decida por motivos de discriminación, no lo creo. A mí más bien me preocupa que ministros como Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena o José Ramón Cossío no sean consistentes con sus votaciones en casos de violaciones al debido proceso, aseveró la abogada.

Los consistentes

En contraposición, dijo, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea y Olga Sánchez Cordero han sido muy consistentes en sus votaciones y sus proyectos. Me llama la atención que el ministro entrante, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, y José Ramón Cossío no lo han sido con sus argumentos en el tema del debido proceso, y cómo afecta eso no sólo la forma sino el fondo del asunto. Me gustaría saber qué están pensando exactamente estos magistrados.