Los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) acordaron en asamblea general extraordinaria rechazar las liquidaciones que ofrece la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y desacatar el fallo de la sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el cual les negó la posibilidad de ser contratados por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en calidad de patrón sustituto.

También convinieron llamar a la Secretaría de Gobernación (SG) a reactivar la mesa de negociaciones para alcanzar una solución al conflicto y adoptar medidas políticas, jurídicas y económicas tendientes a evitar la disolución forzosa de su sindicato, porque no renunciarán a su derecho al trabajo.

Sin embargo, desde el miércoles pasado, cuando la Corte emitió su sentencia, en la SG no se ha concretado ninguna cita con el gremio. El anuncio de ese día del dirigente del SME, Martín Esparza, de que sería recibido 24 horas después en Gobernación, fue confirmado por el director de la Unidad de Gobierno, David Garay Maldonado, pero se canceló el jueves por la explosión en un edificio de Petróleos Mexicanos.

Si bien el estallido en la paraestatal alteró la agenda de los funcionarios de Bucareli, cinco días después no se vislumbran perspectivas para el encuentro.

No nos han llamado. No hay ninguna comunicación de la SG. Entonces, lo que haremos será implementar el plan de actividades que se acordó en nuestra asamblea, manifestó ayer el secretario general del SME, Martín Esparza.

Advirtió que si la alternativa que les dejan es cobrar las liquidaciones, una autoridad federal deberá emitir el fin del contrato colectivo que tuvo el SME con Luz y Fuerza del Centro, empresa extinta por un decreto del ex presidente Felipe Calderón en octubre de 2009. Una vez que se sepa qué instancia es la que nos está cesando, se le demandará por despido injustificado, añadió.

Las movilizaciones pactadas consistirán en una caravana de trabajadores que partirá del Distrito Federal hacia Washington, Estados Unidos, donde interpondrán una queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Asimismo, otras dos –una hacia el occidente del país y otra hacia el sureste–, con el propósito de tejer una alianza popular nacional.

En la asamblea, en la que se abarrotó la sede del SME, los electricistas señalaron que van a asumir una desobediencia civil y pacífica. Expresaron que también garantizarán, por diferentes vías (incluyendo la negociación), fuentes de ingresos económicos para todos los trabajadores en resistencia.

Entre las acciones jurídicas destaca la presentación de una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en contra de la SCJN por violaciones a sus garantías fundamentales. Contemplan seguir con el litigio de su demanda 1267 en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje por despido injustificado, y van a promover ante el Consejo Federal de la Judicatura una queja contra la Corte.

En lo político, la organización lanzará una iniciativa para crear un nuevo organismo público descentralizado para la prestación del servicio, propuesta que se impulsará desde el Senado. Además, en la mesa de negociaciones se propondrá la reinstalación de los trabajadores con su contrato colectivo, la inmediata liberación de sus presos políticos, respeto irrestricto a los derechos de los jubilados y reclamar al gobierno los fondos de previsión social, programa habitacional al que pertenecen los trabajadores.