La Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados aprobó en lo general el dictamen de la minuta del Senado que reforma la Ley de Amparo, y dejó para debatir en los plenos artículos en lo particular sobre los que no hubo consenso en su sesión de anoche.

Durante la discusión, el grupo parlamentario del PRD logró modificar apartados del recurso en materia agraria. La minuta consideraba que los amparos contra precisiones que afectan la propiedad sólo podían interponerse en un periodo de siete años después de conseguida la protección de la justicia, pero la comisión definió que no hay plazo para hacer la solicitud.

La noche del martes, el PRI explicó que sus propuestas para que personas acusadas de delitos como crimen organizado, secuestro, ataques con armas de fuego y explosivos e ilícitos que pongan en riesgo la seguridad nacional tengan protección acotada y que al solicitar un amparo no puedan ser beneficiarios de libertad definitiva.

Ayer, la Comisión de Puntos Constitucionales no fue convocada a sesionar con objeto de modificar la minuta. Se espera que este jueves los legisladores que la integran logren reunirse para tal propósito. Si fuera el caso, el documento se enviaría a la presidencia camaral y ésta la sometería al pleno para su aprobación. No obstante, ante la premura, el documento sería presentado ante los diputados la semana entrante.

El disenso se presentó con la postura de Lilia Aguilar (PT), quien consideró que “lo más grave se encuentra en el artículo 129, que habla sobre la suspensión del acto reclamado en todo lo referente a lo contenido en el artículo 27 de la Constitución, que es la fracción XIII, y el último párrafo, “donde están obviamente los poderes económicos y donde el PAN ya ha hecho algunas reservas, ¿Por qué?, bueno, pues porque lo que esto permite es que las empresas ya no puedan ampararse sobre el uso de los recursos de la nación incluidos en el artículo 27, esto es: energéticos, telecomunicaciones, espacio radiofónico, electricidad y minas.

La discusión va a estar sobre la mesa y hay posiciones encontradas; el PAN ha presentado ya sus reservas porque quiere eliminar precisamente estas suspensiones para ayudar a los poderes económicos. La izquierda no está de acuerdo con este asunto y esperamos ver cómo se posiciona el PRI. Nosotros proponemos que la minuta se quede como está, a excepción del último párrafo, donde deja a discreción del juez que se puedan suspender los actos reclamados, sobre todo en el tema energético.

Así, la propuesta de la representante del PT advierte que por medio del artículo 129 se puede abrir una vía a la reforma energética en su fracción XIII mediante un amparo, para que un particular pueda decir que quiere explotar energéticos y se ampare contra el acto de una autoridad, que en este caso sería Pemex.

Por su parte, Miguel Alonso Raya, vicecoordinador del PRD, señaló que la nueva norma permitiría terminar con las argucias legales en que incurren, por ejemplo, los monopolios y algunos prestadores de servicios que, mediante el uso de la figura de la suspensión provisional, frenan las decisiones de las autoridades, lo que les permite mantener privilegios y abusos en pagos de tarifas por prestación de servicios, en agravio del ciudadano, por tiempo indeterminado en tanto haya una suspensión definitiva.