La existencia de guardias comunitarias en Guerrero puede explicarse por la falta de atención de las autoridades a los pueblos de diversas regiones de dicho estado, pero de ninguna manera se justifica que esos grupos tomen la justicia en sus manos y se arroguen el derecho de juzgar a quienes han cometido una falta, indicó el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia Villanueva.

En un encuentro con los medios de comunicación, el ombudsman nacional enfatizó que el surgimiento de grupos armados es una señal de alarma, ya que pone de manifiesto la inacción del gobierno en su labor básica de brindar seguridad a la población y puede extenderse a otras zonas del país ante la desesperación de la gente por no verse protegida.

Subrayó que el artículo 17 de la Constitución prohíbe expresamente que los particulares ejerzan la justicia por su cuenta, y destacó que es muy frágil la línea divisoria entre las policías comunitarias, que nacen con un propósito noble, y los grupos de paramilitares o guardias blancas, y el resultado podría ser un estado de creciente ingobernabilidad.

Si bien admitió que cualquier persona está facultada para detener al presunto autor de un delito, Plascencia subrayó que su obligación en estos casos es entregarlo de inmediato a las autoridades, pero no portar armas o fungir como agente del Ministerio Público y juez, ya que de hacerlo estaría sustituyendo al Estado.

Sobre los incidentes violentos ocurridos el sábado anterior en el penal de las Islas Marías, Plascencia dijo que la CNDH ya pidió autorización para ingresar a dicho centro y empezar una investigación al respecto.

Asimismo, recordó que desde hace al menos dos años ya había advertido sobre las pésimas condiciones de reclusión de los internos en esa cárcel, quienes son encerrados en celdas demasiado pequeñas, sin agua suficiente para beber y asearse y sometidos a maltratos de los custodios, lo cual forma un caldo de cultivo para motines.

A propósito de la explosión en la Torre de Pemex, Plascencia informó que el organismo a su cargo ya inició una queja de oficio por la entrega equivocada de restos a familiares de algunas víctimas, lo cual dejaría ver la ineficiencia de los protocolos de actuación del Servicio Médico Forense.

Por otro lado, el funcionario llamó al Congreso a desechar la propuesta de reformar el artículo primero constitucional, por considerar que las garantías básicas de la población deben ampliarse en vez de limitarse.

Sobre la estrategia de seguridad pública del gobierno de Enrique Peña Nieto, consideró que el proyecto de crear una gendarmería nacional representa una primera señal de cambio en relación con el sexenio anterior, pues facilitaría el eventual regreso de las fuerzas armadas a sus cuarteles.

Finalmente, adelantó que este organismo ya investiga la violación de siete turistas españolas en un hotel de la ciudad de Acapulco.