Las principales modificaciones a la Ley General de Víctimas –que entró en vigor ayer– están relacionadas con el número de funcionarios de su sistema nacional de atención, las facultades de los tres niveles de gobierno y los tipos de delito que generan una indemnización económica, y la reforma legislativa en ese sentido podría estar lista a inicios de la semana entrante, señalaron especialistas cercanos al proceso.

En entrevistas por separado, los litigantes Julio Hernández Barros y Silvano Cantú explicaron que la norma, tal como está hoy, ya es aplicable, pero admitieron que los cambios pueden darle mayor funcionalidad.

Uno de los puntos susceptibles de mejora es la cantidad de miembros del Sistema Nacional de Atención a Víctimas (SNAT), pues en su forma actual dicha instancia tiene más de 35 mil miembros.

En la práctica tendríamos que rentar el Auditorio Nacional para reunirnos una vez al año, por eso redujimos notablemente el número para dejarlo en 30 o 40 y así lograr mayor operatividad, explicó Hernández.

De igual forma, se propuso reducir los miembros del consejo consultivo del SNAT de nueve a siete para reducir cargas fiscales y pago de salarios; definir con precisión las responsabilidades de la Federación, los estados y los municipios, y crear sistemas de atención espejo en todas las entidades, con fondos propios.

Una de las modificaciones más importantes, coincidieron ambos especialistas, es la que establece que sólo las víctimas de delitos graves –es decir, aquellos que perjudican la vida, la integridad o la libertad de una persona– podrán ser indemnizadas económicamente por el Estado de forma subsidiaria, cuando el responsable de la agresión no pueda ser detenido o se declare insolvente.

De igual forma, se incluye un sistema de subsunción del daño, para que cuando el delincuente sea capturado o recupere su capacidad monetaria, el gobierno pueda exigirle el pago del dinero que ya erogó.

En los casos en que el responsable de una violación de derechos humanos sea el Estado, se deberá entregar una indemnización a la víctima sin establecer de antemano un tope máximo, pero sí de acuerdo con las necesidades del agraviado y a la proporción del daño sufrido.

Luego de un proceso de consulta y cabildeo con funcionarios, legisladores e integrantes de asociaciones de víctimas, las condiciones están listas para que a mediados de la semana entrante ya se pueda presentar una iniciativa de reforma a la ley, no de carácter preferente pero con el apoyo de todos los partidos políticos, indicaron los abogados.

Hemos visto mucha simpatía por parte de legisladores tanto de PRD como de PRI y PAN. Sin duda, algunos tendrán reservas, pero confiamos en que este proceso tendrá muchas alianzas y estamos en la mejor disposición de recibir comentarios constructivos, enfatizó Cantú.