A representantes de universidades estatales, que acudieron el jueves pasado a la Secretaría de Educación Pública (SEP) a un taller sobre la operación de fondos extraordinarios, les fue confirmado el recorte presupuestal por 637 millones de pesos, información que luego rechazó la dependencia en un comunicado el viernes.

El secretario de asuntos jurídicos de la Unión Nacional de Productores de Caña de Azúcar (UNPCA), Lázaro Arias, afirmó que mientras no se regularice el precio del azúcar en el país, se revierta la campaña de Salud en contra del dulce, y salga del mercado nacional todo el excedente de alta fructosa (jarabe de maíz usado por los industriales como endulzante), los cañeros mantendrán tomadas las bodegas de 54 ingenios azucareros en 227 municipios del país.

La Ley General de Víctimas no debe limitarse a brindar ayuda asistencial a quienes han padecido los efectos de la violencia en el país, sino procurarles atención cercana, acompañamiento sicosocial y apoyo económico para realizar proyectos productivos, cuya efectividad puede mejorarse sobre la marcha y sin retroceder en los derechos ya alcanzados, señalaron activistas de organizaciones sociales.

Monterrey, NL. La crisis de violencia que ha dejado miles de muertos en el país es resultado de la estrategia aplicada desde 1982 para imponer el modelo neoliberal que, en aras de acumular más utilidades para el gran capital nacional y extranjero, devaluó a la gente y destruyó los valores éticos y cívicos que le daban cohesión a la sociedad, dijo Pedro Miguel, editorialista de La Jornada, ante ex mineros de Fundidora de Monterrey, que con actividades culturales y de reflexión celebraron el 50 aniversario del Centro de Orientación Política 5 de Febrero. Pedro Miguel agregó que se han puesto en práctica muchos mecanismos para devaluar a la población mexicana; el más obvio y conocido es la política de congelación salarial que inició con el gobierno de Miguel de la Madrid, pues hasta 1982 el salario real venía ganando poder adquisitivo y de entonces a la fecha lo ha ido perdiendo, de suerte que hace 30 años un trabajador mexicano promedio por su retribución valía 43 por ciento del estadunidense y hoy sólo vale 9 por ciento.

La mala defensa jurídica de muchos de los presos los hace permanecer en reclusión más allá de lo que es la pena fijada, porque se retrasan procesos y en muchas ocasiones para que la autoridad justifique su trabajo se les fincan otros delitos que no cometieron, lamentó Pedro Arellano, vicepresidente del Colegio Nacional de Abogados de la Pastoral Penitenciaria Goel, instancia que comenzó a operar hace tres meses.