Jorge Carlos Ramírez Marín, secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), propondrá cambios a diversas leyes, en lo inmediato a la de Asentamientos Humanos, para poner límite a la expansión urbana desordenada, pues mil 300 ejidos han perdido sus tierras por el crecimiento de 56 zonas metropolitanas en el país. La Federación tendrá una intervención más contundente en estados y municipios; la idea es confeccionar una prenda en la que no haya parches de distintos tamaños y colores.

La determinación de que en una sola secretaría estén concentrados los organismos de vivienda y de regularización de la tenencia de la tierra ayudará a “regular el desarrollo urbano desde la definición de la tierra, de sus vocaciones; se establecerán las bases para establecer los espacios destinados a los corredores industriales; los desarrollos urbanos y de vivienda, para no tocar las zonas productivas. Una vez definido el Plan Nacional de Desarrollo (PND) –en mayo– no habrá tratamientos diferenciados ni excepciones”, explicó en entrevista.

Puntualizó que el nuevo procedimiento de crecimiento de las zonas urbanas se iniciará en 383 municipios, para lo cual se creará un comité técnico nacional, que encabezará la Federación, y comités estatales, y regularizarán las reservas naturales protegidas, pues una de las prioridades de la institución es preservar el medio ambiente y por ello también incluirá los temas de ahorro de energía y agua potable, y de seguridad de los asentamientos humanos.

Respecto de los conflictos agrarios y la estabilidad social en el campo, puntualizó que la solución a las disputas por la tierra ya no será a costa de los recursos públicos, pues ello implicaría erogaciones por más de 50 mil millones de pesos, por el número de casos que están en el Cosomer (Programa de Atención a Conflictos Sociales en el Medio Rural), además hay 33 mil reclamaciones de terrenos nacionales que se atenderán jurídicamente.

Respecto al futuro inmediato de los programas para la Mujer en el Sector Agrario (Promusag), Fondo para el Apoyo a Proyectos Productivos en Núcleos Agrarios (Fappa), Joven Emprendedor y Fomento al Desarrollo Agrario (Formar) destacó que se orientarán principalmente a la producción de alimentos para contribuir a la Cruzada Nacional contra el Hambre, para lo cual se modificaron las reglas de operación, y además se dará prioridad a las solicitudes que provengan de los 400 municipios objetivo de la cruzada.

–¿Cómo involucrará a ejidatarios, comuneros, pequeños propietarios en el ordenamiento territorial?

–Sedatu está conformada por tres espacios: ordenamiento territorial; registros públicos y desarrollo urbano y vivienda, y desarrollo agrario. Ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios tendrán la misma participación que tienen las cámaras empresariales o colegios profesionales para la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo Urbano; darán una opinión y parecer de cómo deben desarrollarse las ciudades, en la definición sobre la vocación de la tierra. La ventanilla de consulta para los representantes de la propiedad social estará siempre abierta antes de disponer de cualquier espacio rural.

–¿Se pondrá un límite a la expansión urbana desordenada?

–Sí, es uno de los objetivos del gobierno. El hecho de no establecer una relación, como lo estamos proponiendo ahora, entre la propiedad social y el desarrollo urbano, nos costó que el desarrollo urbano no existiera y se creciera por donde sea y fuera más barato. Sin lugar a dudas, somos responsables de las malas prácticas que se dieron entre las autoridades responsables, unas de proteger los derechos ejidales y de hacer un registro ordenado y eficiente de la propiedad rural; de no mantener una serie de políticas y lineamientos que nos acercaran al tema de desarrollo urbano. Ahora no se dejará fuera del progreso a los dueños de la tierra. Se establecerá un vínculo entre la propiedad social y el desarrollo urbano; para regularizar pediremos que informen quién vendió y cuál es el origen de la posesión.

Jorge Carlos Ramírez Marín durante la entrevista, en su oficina de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y UrbanoFoto Cristina Rodríguez

–¿Para terminar de regularizar los asentamientos urbanos se indemnizará a los dueños de la propiedad social? ¿Cómo se preservará la tierra productiva?

–El tema es complejo. La fórmula será de concertación de buena fe. No trata de buscar ganadores ni beneficios para algún sector; se propondrán reformas legislativas y revisiones profundas al aparato que hoy funciona. Creo en la propiedad comunal y ejidal, y por eso antes de dejar la responsabilidad al beneficiario de la propiedad ejidal hay que obedecer los deseos de una comunidad expresados en las asambleas y no en actos individuales. Por eso era preciso poner orden. El Registro Agrario Nacional en total lleva a cabo 81 procedimientos, 11 de ellos abarcan 80 por ciento del total de solicitudes que tiene el organismo y ninguno tiene un manual de procedimientos. Si normamos los procedimientos podremos ser más eficientes en muchas cosas, antes de pensar en una modificación al régimen de la propiedad social.

Nuestra meta a un año es tener el PND, la cual implica partir de 383 municipios que deben obligatoriamente contar con un plan de desarrollo urbano porque pueden convertirse en las futuras zonas urbanas o de plano ya son parte de una zona metropolitana. Habrá una coordinación con los estados y municipios, vincularemos los esfuerzos de los distintos programas que tienen relación con el ordenamiento y mejoramiento urbano para dar los pasos adecuados, y hasta el momento no he encontrado resistencia de ningún gobernador. En tres años debemos tener una práctica totalmente formada de los procesos que implica la construcción de vivienda, el rescate de espacios públicos, la creación de nuevos centros urbanos y de corredores industriales; ello ya no debe obedecer sólo a la intención de la mejora económica o de construcción de vivienda, sino ser parte de un plan. Para ello habrá un plan específico de reformas legislativas para definir los procesos, después la tecnología, y junto con eso la capacitación del recurso humano que administrará esos procedimientos.

–¿Y la inversión para llevar a cabo este ordenamiento?

–Gastar mejor hace a veces gastar menos. Si organizamos mejor el presupuesto para rescate de espacios públicos y para hábitat los resultados serán mejores. Se preservará el derecho de los ejidatarios y comuneros, se preservarán las áreas productivas del campo. Seremos más cuidadosos en los procedimientos para el cambio de destino de uso de la tierra; ya no estarán sujetos a la discrecionalidad de un funcionario.

Se hará un esfuerzo extraordinario

–Cada gobierno asegura, al inicio de su gestión, que concluirá con los conflictos agrarios.

–No los vamos a concluir, haremos un esfuerzo extraordinario para avanzar en la solución de ellos, pero concluirlos de la manera como lo estamos haciendo ahora sería disponer de una cantidad presupuestal de la que no disponemos. No son 400 sino muchos más conflictos que hay en el país y seguramente habrá más; la ley debe ser más eficiente. Nosotros tenemos que evitar los conflictos agrarios haciendo el campo rentable y sustentable, y con una estructura legal bien armada y soportada, que no requiera de una base económica para resolver los conflictos agrarios. La compensación económica será la última opción. Las organizaciones lo han comprendido, hemos hecho esfuerzos para que las compensaciones sean en base a tierra y no necesariamente en comprar la tierra. Es responsabilidad el Estado que la tierra sea revalorada en su justo precio y aprovechada; no se trata de heredar documentos, sino prosperidad.