La iniciativa del presidente Enrique Peña Nieto para crear la Comisión Nacional Anticorrupción es motivo de fuerte debate en el Senado, donde legisladores de PRD y PAN están decididos a hacerle cambios a fondo, a fin de otorgarle facultades para ejercer acción penal contra funcionarios que hubieran incurrido en malversación, desvió de recursos o recibido sobornos.

Aunque funcionarios de la Procuraduría General de República (PGR) dejaron claro ante integrantes de las comisiones el desacuerdo oficial con la propuesta, el panista Salvador Vega Casillas y el perredista Alejandro Encinas coincidieron en que de no dotar de dientes al Órgano Anticorrupción (que sustituirá a la Secretaría de la Función Pública, SFP), éste no funcionará.

Vega Casillas, titular de la SFP en el sexenio pasado, recordó que durante su gestión denunció a más de 2 mil 700 personas, pero muy pocas fueron a prisión; en el caso de Néstor Moreno, el ex funcionario de la Comisión Federal de Electricidad acusado incluso en Estados Unidos de recibir sobornos millonarios a cambio de otorgar contratos a proveedores de la paraestatal, en diciembre pasado fue excarcelado, pese a que el expendiente estuvo bien armado.

Es uno de los grandes problemas que tuvimos en el pasado sexenio, por eso hay que dotar a la Comisión Anticorrupción de facultad para ejercer acciones penales. El senador panista expuso que hay razones prácticas para que la responsabilidad de sancionar a los funcionarios corruptos no esté en la PGR.

Explicó que esa dependencia cuenta con una Subprocuraduría de Delitos de Servidores Públicos, pero ésta tiene muchas complicaciones para ejercer acción penal. Un día se le presenta un caso de corrupción que tiene que solventar con dictámenes de peritajes de laboratorio porque, por ejemplo, está mal construida una carretera y al otro día tiene otro caso sobre compras de Pemex en el extranjero y es muy difícil que se puedan especializar.

En la PGR están día a día viendo los casos de delincuencia organizada, de contrabando, “por eso hay razones prácticas para que la facultad de sancionar a funcionarios y particulares que incurran en irregularidades –contratistas y prestanombres– se traslade a la Comisión Nacional Anticorrupción”.

Vega Casillas detalló que en las comisiones dictaminadoras estudian a detalle el mecanismo idóneo a fin de que el Órgano Anticorrupción pueda ejercer acción penal de manera total.

Sobre el tema, el senador perredista Alejandro Encinas coincidió en que la PGR debe centrarse en el crimen organizado y dejar los casos de funcionarios corruptos a la Comisión Anticorrupción.

Explicó que los legisladores tienen que vencer la resistencia en la PGR y otros sectores que se oponen a dar mayores dientes a esa comisión, ya que no tiene sentido eliminar a la SFP y sustituirla por un órgano con las mismas limitaciones. Analizamos las miles de denuncias presentadas en las últimos años y no hay ningún castigo por actos de corrupción. Sólo tres acciones de carácter penal y hemos visto como liberaron al funcionario de la CFE.

Encinas recalcó que la reforma debe ser para dar fuerza real a un órgano autónomo, encargado no de asuntos administrativos menores, sino de atacar a fondo la corrupción en la administración pública federal.