En México existen alrededor de 8 mil presos indígenas que carecen de intérpretes y defensores de oficio, quienes además de que hablen su idioma tengan conocimientos amplios sobre su cultura, por lo que es necesario que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revise esos casos de manera urgente.

Así lo señaló la Asociación Anauatlali Pro Derechos de la Propiedad Rural, que calificó como inadmisible conceder amparo a una extranjera –en alusión a Florence Cassez–, pero no a miles de indígenas mexicanos.

Cecilia García, directora del colectivo, celebró la determinación de los ministros de la primera sala de la SCJN quienes ampararon a cinco indígenas por faltas al debido proceso, y cuyos casos ahora serán revisados por tribunales federales.