e acuerdo con una encuesta elaborada por el Colegio de la Frontera Norte (Colef), de 2005 a la fecha se han incrementado la violencia y el maltrado sufridos por migrantes mexicanos a manos de funcionarios estadunidenses. Según las entrevistas aplicadas a deportados, en 2005 sólo 12 por ciento informaron haber sufrido agravios como violencia verbal, agresión física, empujones o golpes y decomiso de pertenencias; esa proporción subió a 16 por ciento en 2008, 20 por ciento en 2010 y sigue incrementándose. Los datos indican que unos 100 mil migrantes vuelven al país mediante la expulsión voluntaria y otros 250 mil optan por someterse a juicio y son deportados una vez que reciben sentencias por violar las leyes migratorias. En el segundo caso es frecuente que los expulsados se vean separados de sus hijos, muchos estadunidenses por nacimiento, quienes quedan a cargo de dependencias que, ante la ausencia de los padres, son entregados en adopción.
La regularidad de estas prácticas de extremada inhumanidad contrasta con los propósitos formulados por el gobierno de Barack Obama de lograr la aprobación de una reforma migratoria de alcances aún inciertos para regularizar, se espera, a millones de migrantes indocumentados.
Asimismo, la crueldad exhibida por funcionarios de diversas dependencias gubernamentales de Estados Unidos en el trato a los extranjeros pone sobre la mesa un hecho preocupante: ese trato es violatorio de los derechos humanos y no se justifica ni siquiera con las actuales regulaciones antimigratorias federales y estatales.
Por lo demás, los atropellos no siempre se limitan a gritos, golpes y jaloneos. Recuérdese, a guisa de ejemplos, el caso de Anastasio Hernández, asesinado a golpes por agentes de la Patrulla Fronteriza en la garita de San Ysidro, el 28 de mayo del año pasado, o el homicidio del menor José Antonio Elena Rodríguez, perpetrado cinco meses después en Nogales por agentes policiales estadunidenses que lo acribillaron por la espalda desde territorio del país vecino.
Para poner fin a tales prácticas se requiere de algo más que modificaciones legales: es necesario que las autoridades del país vecino empeñen su voluntad política para contener un patrón de conducta de empleados públicos que creen que la condición de migrante indocumentado suprime el conjunto de derechos de una persona y que, en consecuencia, se le puede maltratar con toda impunidad.
Dicho de otra manera: si no se emprende desde las altas esferas políticas de Estados Unidos un combate real contra la impunidad policial y la xenofobia y el racismo que impregnan las filas de sus corporaciones de seguridad pública, ni siquiera una reforma migratoria podrá garantizar un trato digno a los migrantes.
