El Senado aprobó el retiro de la declaración interpretativa que el gobierno mexicano formuló en 2001 al Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño, relativo a la participación de menores en conflictos armados, con lo cual el gobierno mexicano se obliga a ‘‘prevenir que se cometan asesinatos, mutilaciones, secuestros y violaciones sexuales de niños en tiempos de conflictos bélicos, evitando así ataques a escuelas, hospitales y desactivando los desplazamientos internos en un país o región’’.

En el artículo 4 de ese protocolo, ‘‘se prohíbe a los grupos armados’’ reclutar o utilizar a menores de 18 años en hostilidades, y ‘‘se establece la obligación dirigida a los estados de adoptar las medidas necesarias para prohibir y sancionar tales conductas’’.

Ante esa obligación, al depositar el instrumento ratificado en la Organización de Naciones Unidas (ONU), en diciembre de 2000, el gobierno formuló una declaración interpretativa por medio de la cual precisó ‘‘que la responsabilidad que pueda derivar para los grupos armados no gubernamentales por el reclutamiento de menores de 18 años de edad o su utilización en hostilidades corresponde exclusivamente a dicho grupos y no será aplicable al Estado mexicano como tal, el que tendrá la obligación de aplicar en todo momento los principios que rigen al derecho internacional humanitario’’.

Sin embargo, el Comité de los Derechos del Niño de la ONU recomendó el gobierno mexicano, el 31 de enero de 2001, retirar esa declaración porque ‘‘parece excluir o modificar los efectos jurídicos de la aplicación de dicha norma en el Estado parte, ya que tiene una calidad jurídica aplicable como reserva’’.

Para dar cumplimiento a esa recomendación, el 27 de agosto de 2012, la Secretaría de Gobernación solicitó al Senado ‘‘aprobar el retiro de ésta, porque ha quedado superada por las disposiciones aplicables del derecho internacional, así como de la legislación nacional’’.

Las comisiones de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales y la de Derechos Humanos del Senado, que analizaron la propuesta para retirarla, destacaron que esa declaración que hizo en su momento el gobierno, ‘‘se dio en consideración a la necesidad de salvaguardar la responsabilidad del Estado mexicano por los actos que pudieran realizar grupos armados ilícitos o paramilitares’’.

Asimismo, dichas comisiones, al elaborar el dictamen respectivo, propusieron el pleno del Senado que el ‘‘Estado mexicano está jurídicamente obligado al cumplimiento integral del protocolo, y cuenta con los medios necesarios para su ejecución, por lo que es conveniente el retiro de esa declaración interpretativa’’.

Este dictamen quedó de primero lectura en la sesión del 20 de diciembre de 2010, y el pasado jueves el pleno lo aprobó por unanimidad y turnó al jefe del Ejecutivo.

En entrevista, la presidenta de la comisión senatorial de Relaciones Exteriores, la panista Laura Angélica Rojas, dijo que ‘‘el retiro de esta declaración protegerá en el país a los menores que el narcotráfico obliga a trabajar con ellos. Si bien se entiende que el protocolo habla de guerras internas, lo cierto es que el crimen organizado está en guerra con el Estado y, por tanto, los menores de 18 años que son utilizados por ellos están protegidos por este instrumento’’.