El año 2013 pinta complicado para la vida interna del Instituto Federal Electoral (IFE) por la salida de la tercera parte de sus miembros al concluir su gestión, y la posible renovación o relección de la presidencia del Consejo General, también por fin de mandato. La renuncia de Sergio García Ramírez torna aún más complejo el panorama para la designación de nuevos consejeros, porque obliga a renovar en este año a la mayoría de sus integrantes.

El antecedente inmediato no es muy optimista: la Cámara de Diputados tardó casi 14 meses en designar a los tres más recientes consejeros (Lorenzo Córdova, María Marván y García Ramírez), ante la falta de consenso entre las principales fuerzas políticas. Sólo hasta que fue obligada por una resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y con el proceso electoral 2011-2012 en marcha, la Cámara de Diputados finalmente nombró a la totalidad del Consejo General.

Desde entonces, quienes conocieron las negociaciones señalan que para destrabar el impasse motivado por la polarización en las fuerzas políticas se aceptó que en la designación de García Ramírez se admitiera una suerte de condición del ex juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos: su paso sería temporal, sólo para garantizar la integración plena del IFE durante las elecciones federales de 2012.

Originalmente designado, junto con Cordova y Marván, para concluir su gestión en 2020, García Ramírez anticipó su salida siete años. Desde su designación los coordinadores de las tres principales fuerzas políticas (Armando Ríos Piter, del PRD y presidente de la Junta de Coordinación Política; Francisco Ramírez Acuna, del PAN, y Francisco Rojas, del PRI) conocieron de la postura de que, en su caso, el nombramiento sólo sería por el proceso electoral.

El consejero presidente del IFE, Leonardo Valdés, fue enterado y en diciembre, al cumplirse un año de la designación, García Ramírez le recordó su disposición de marcharse. Aunque planeada, las condiciones finales de su salida se complicaron por el contexto en que se concretó, pues se dio días después del debate en torno a la queja sobre el presunto financiamiento ilegal de la campaña del priísta Enrique Pena Nieto y en medio de la aprobación de los informes de gastos de campana presidenciales

El denominado caso Monex torno polémica su renuncia, pues involucraba a una empresa en la que participaba la familia Fraga, con la que a García Ramírez lo liga una vieja amistad. Durante el debate su voto permitió destrabar un empate y con ello cancelar una multa de 75 millones de pesos al PRI. Fue su última votación decisiva, pues su renuncia se concretó en vísperas de votar la devolución de los dictámenes sobre las campañas presidenciales a la Unidad de Fiscalización, el miércoles pasado.

Aunque se ha planteado que la designación de su sucesor pudiera agilizarse, el último antecedente no presagia que así sea. En años recientes estas definiciones han estado dominadas por los intereses de los partidos políticos que han pugnado por designar a personas afines a sus intereses políticos, desde que se renovó todo el consejo, en 2003. Este será un factor que puede pesar, pues en los hechos en 2013 están en juego la mayoría del Consejo General, pues se nombrarán cinco consejeros.

En noviembre saldrán del instituto los consejeros Francisco Guerrero, Macarita Elizondo y Alfredo Figueroa, misma fecha en que termina la gestión de Valdés, con una salvedad: éste puede optar por la relección.

La ruta no será fácil, pues con las descalificaciones de la izquierda a su gestión será complicado obtener el consenso, además que podría enfrentar eventuales aspiraciones al cargo de los consejeros que se mantendrán en el instituto e incluso de alguno de los tres que salen.

La más reciente renovación de la presidencia del IFE fue traumática, pues si bien formalmente Luis Carlos Ugalde presentó su renuncia, en los hechos fue inevitable la remoción tras las polémicas elecciones de 2006, que le minaron el apoyo de todas las fuerzas políticas. Junto con él, salieron cinco consejeros.

Con la experiencia de que la designación del consejo que encabezó Ugalde se hizo sin el consenso de la izquierda, la renovación del IFE en 2008 se hizo mediante la participación de las tres principales fuerzas políticas, ya con un esquema de escalonamiento en los plazos de gestión.

En 2010, con la elección presidencial en puerta, la disputa partidista por designar consejeros afines trabó la renovación más de 400 días. La obstinación priísta en designar a dos consejeros y la oposición de PAN y PRD motivaron una larga negociación que concluyó en diciembre de 2011, mediante el consenso en torno a Marván, Córdova y García Ramírez.