Mazatlán, Sin., 11 de febrero. Los 27 comuneros afectados por la presa Picachos que fueron detenidos por la policía ministerial del estado cuando preparaban una protesta durante el desfile del carnaval de Mazatlán fueron turnados al Ministerio Público acusados de narcomenudeo. Según los agentes, llevaban consigo droga y un arma, denunciaron los abogados del movimiento campesino, Trinidad Tirado Olvera y Jesús Arellano Mendoza.

Los defensores acusaron a la policía ministerial de mantener incomunicados a los detenidos, entre ellos el líder Atilano Román y la abogada Alma Barraza, y señalaron que promovieron un amparo ante los jueces octavo y noveno de distrito para que les permitan hablar con los comuneros.

Agregaron que interpondrán una denuncia ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) por las arbitrariedades de los policías, encabezados por el director de la corporación, Jesús Aguilar Íñiguez.

María José Osuna, una de las líderes del movimiento de desplazados que denuncian despojo de tierras, informó que ayunarán hasta que sus compañeros sean liberados.

Lamentó que el gobierno de Mario López Valdez incumpliera sus promesas de empleo para los desplazados de seis comunidades de Mazatlán y Concordia.

La madre del adolescente Julián García presentó una queja ante la visitaduría de la CEDH porque su hijo de 16 años fue procesado como adulto.

El organismo comenzó las indagatorias, pues al parecer se incurrió en abuso de autoridad y allanamiento, porque los detenidos no fueron informados del motivo de su aprehensión, realizada la tarde del domingo.

Testigos indicaron que Aguilar Íñiguez ordenó que los policías entraran por la fuerza al edificio donde estaba el hotel Lerma y destruyeran la propaganda de los activistas.