Los grupos legislativos del PAN y del PRD en la Cámara de Diputados confirmaron que pretenden matizar la redacción de la reforma a la Ley de Amparo, con el fin de que la promoción contra actos de particulares no afecte los intereses de los concesionarios de radio y televisión.

Los vicecoordinadores de ambas bancadas, Jorge Villalobos y Alonso Raya, confirmaron que cabilderos de las televisoras y de Teléfonos de México (Telmex) han visitado la Cámara de Diputados. El panista aseguró que si bien de ninguna manera hubo presión, se hizo un análisis concienzudo para que a pequeñas y medianas empresas concesionarias se les evite ser sujetas de un amparo.

En el PAN, aseguró, se analiza un matiz o ajuste al dictamen, que será el principal tema de la agenda de hoy. Mientras, la telebancada del PVEM y un sector del PRD también pretenden presentar una redacción distinta a los artículos 5 y 129 del dictamen, vinculados con amparos contra empresas y con las acciones contra quienes impidan u obstaculicen al Estado la explotación de los bienes de dominio público incluidos en el artículo 27 de la Constitución: aguas, mares, ríos, territorio e hidrocarburos.

Según el coordinador de Acción Nacional, Luis Villarreal, la redacción de las fracciones 11 y 13 del artículo 129 da un excesivo poder a la autoridad para que en cualquier momento pueda detener alguna empresa concesionaria de algún bien, no sólo, argumentó, del espectro radioeléctrico, sino de agua potable o transporte de carga.

Las fracciones mencionadas señalan que en materia de amparo se considerará que se siguen perjuicios al interés social o se contravienen disposiciones de orden púbico cuando, de concederse la suspensión, se interrumpan o impidan los procedimientos relativos a la intervención, liquidación o quiebra de entidades financieras y se impida al Estado la explotación de los bienes definidos en el artículo 27 constitucional.

Desde el punto de vista del PAN, mantener la redacción del perjuicio al interés social concedería al Estado la potestad de tener como rehén a empresas críticas y ello regresaría a México al estatus autoritario.

Por parte del PRD, la oposición a dichas fracciones surgió del diputado Alejandro Carbajal. El coordinador de la bancada, Silvano Aureoles, minimizó las diferencias sobre ese punto, sobre el cual no hay acuerdo desde la semana pasada, cuando la Comisión de Justicia votó el dictamen en lo general y lo envió a la mesa directiva para que el pleno de la Cámara discuta la redacción en lo particular.

Alonso Raya informó que ayer la bancada convocó a ex ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para explicar los alcances del artículo 129, con el objetivo de que la posición de hoy en el pleno sea de unidad.

Mientras tanto, el vicecoordinador del Revolucionario Institucional, Marco Antonio Bernal, expresó que si bien los partidos están de acuerdo en lo general con el dictamen, hay cosas en las que no pudimos alcanzar acuerdos. Entonces, que lo dirima el número y lo votaremos.

Asimismo, persisten diferencias sobre cómo está construido el artículo 5, el cual señala que los particulares tendrán la calidad de autoridades responsables cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad que afecten derechos individuales o colectivos, sobre los cuales los cabilderos se acercaron con diputados.