Chilpancingo, Gro., 11 de febrero. La Casa de Justicia de El Paraíso, adherente a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC-PC), acusó al gobernador Ángel Aguirre Rivero de financiar a la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (Upoeg), con la finalidad de legalizar a los grupos paramilitares que operan en la Costa Chica.

Asimismo, tachó a la Upoeg de grupo paramilitar dirigido por los hermanos Bruno y Cirino Plácido Valerio, así como por el sacerdote Mario Campos.

La Casa de Justicia afirmó en un comunicado que desde las altas esferas del poder planearon construir una organización indígena que abrera las puertas a las mineras de capital extranjero.

Sostuvo que la Upoeg es una organización creada, financiada y dirigida por el gobierno estatal. El mismo mandatario da línea al Congreso del estado para concertarle apoyo político y económico; cabildea en el Congreso de la Unión para posicionarla políticamente.

Provocar la militarización

Según la Casa de Justicia, la Upoeg quiere provocar la militarización del territorio comunitario. Además, arremetió contra la creación de la Comisión para la Armonía y el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, fundada por Aguirre Rivero, y señalamos el peligro de la intención del gobernador de dar legalidad a un grupo paramilitar.

También en un comunicado, la CRAC-Policía Comunitaria rechazó el decreto del gobierno del estado de Guerrero con que pretende regular la Policía Comunitaria, pues lo consideramos violatorio de los artículos 2 y 39 constitucionales, que han dado sustento a nuestro sistema comunitario, así como del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.

A su vez, el ex diputado local Raymundo García Gutiérrez dio a conocer que unas 30 personas provenientes de Plan de Gatica, municipio de Ayutla de los Libres, incursionaron en la comunidad Río Azul encabezados por Raymundo Nava Ventura, líder de la Organización de Pueblos Indígenas para el Desarrollo Autónomo, adherente a la Upoeg, e intentaron sin éxito llevarse a seis ciudadanos, a quienes pretendieron involucrar con la delincuencia organizada.

Mientras, los dirigentes de la Organización de Pueblos Indígenas Me’phá, Cuauhtémoc Ramírez y Obtilia Eugenio Manuel, denunciaron que recibieron amenazas de muerte por escrito.