Hoy se da a conocer el programa del gobierno federal de prevención del delito, el cual será aplicado en las zonas que reportan mayores índices de violencia, adicciones y problemas de educación.

Con un presupuesto de casi 3 mil 500 millones de pesos (contemplados en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2013 y, en menor medida, en los subsidios federales para la seguridad pública), se eligió a 48 municipios, dos delegaciones del Distrito Federal y siete zonas metropolitanas del país, es decir, regiones que necesitan atención urgente, afirmaron fuentes gubernamentales consultadas.

En estos focos rojos el gobierno federal detectó una indeseable combinación de pobreza-violencia y falta de oportunidades, en especial en los jóvenes.

En el gobierno anterior no hubo un programa de prevención del delito, aseguró el titular de la Secretaría de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. Por ello, ahora ese enfoque es mostrado como uno de los dos bastiones de la estrategia de seguridad de la administración de Enrique Peña Nieto. El segundo es una mejor coordinación con los gobernadores.

Un tema fundamental es el de la prevención, estrategia que, perdón, no estaba (en el sexenio pasado). Por lo menos, diría yo, si es que mañana va a salir a decir lo contrario, comentó en una reunión con reporteros.

Aseveró que los acuerdos políticos son muy importantes, como la negociación entre el gobierno y los dirigentes partidistas en el Pacto por México, para definir más de un centenar de reformas legales.

Aseguró que “las reuniones con los gobernadores no han sido fáciles, porque los mandatarios expresan: ‘no nos han apoyado con esto, necesitamos mayor información’, a lo cual les respondemos que los encuentros serán regionales y de manera frecuente”.

Para la operación del programa de prevención se integró una comisión intersecretarial, en la cual nueve dependencias diseñarán políticas, programas y acciones sociales para disminuir los niveles de violencia y crimen. Al mismo tiempo, se construirá una ciudadanía responsable y se promoverá la cultura de la legalidad y la atención prioritaria a grupos vulnerables.

Consultado al respecto, Roberto Campa, subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana, comentó que tras la revisión de estadísticas sobre hechos vinculados con el crimen, se concluyó que las víctimas son jóvenes y los perpetradores también. En muchos casos son jóvenes sin oportunidades. Ahí es donde debemos trabajar intensamente.

Explicó que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes –dependencia que se sumó en el último tramo de la preparación del programa– juega un papel central, porque tiene un programa de empleo temporal y una plataforma de intercambio de información.

La mecánica de la distribución de recursos está estipulada en el PEF 2013. Fija las características con base en las cuales las acciones se concentrarán en 48 municipios, dos delegaciones capitalinas y siete zonas metropolitanas. Es decir, el binomio central de este análisis es población-violencia. Las secretarías están trabajando intensamente para que de inmediato comiencen a ejercerse los recursos, a partir de planes de cada comunidad involucrada, indicó Campa. El funcionario explicó en entrevista el origen de los recursos para las tareas de prevención.

Este año, anotó, 251 municipios recibirán subsidios federales para programas específicos, que en conjunto reciben más de 4 mil millones de pesos. Veinte por ciento de ese monto debe dedicarse a las tareas de prevención, lo cual implica alrededor de mil millones.

Adicionalmente, continuó, existe un fondo extra y especial de unos 2 mil 500 millones de pesos para prevención que aprobó la Cámara de Diputados, más 115 mil millones en los presupuestos sumados de las nueve secretarías.

El objetivo es generar un mecanismo de coordinación que involucre a los tres niveles de gobierno a partir de esquemas integrales. Son casi 3 mil 500 millones de pesos para las tareas de prevención y para el programa transversal de las secretarías involucradas, subrayó Campa.