Cuernavaca, Mor., 15 de febrero. La juez Elvia Terán Peña remitió a proceso a los 10 agentes de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Morelos, que en los primeros minutos del pasado 8 de febrero atacaron a policías ministeriales encargados de la protección del procurador de Justicia del estado, Rodrigo Dorantes Salgado, al considerar que tenían la intención de asesinar al funcionario, además de que mataron a tres de sus escoltas: Joaquín Díaz Ceballos, Héctor Juárez y Rafael Barranco.

En una audiencia que duró 23 horas y luego de escuchar las declaraciones de cada uno de los uniformados, los argumentos de su defensa y las acusaciones que les imputaba el Ministerio Público, la juez decretó procesar a José Antonio Salgado Castro, Tizoc Jiménez Carvajal, José Pastor Nava, Raymundo López López, Julio César Aragón Garcés, Misael Manzanares Antonino, Alfredo Villegas Cisneros, César Palma, Héctor Rodríguez y Óscar Hernández Vidal.

Terán Peña argumentó que los uniformados utilizaron sus armas de cargo para causar la muerte de los tres agentes ministeriales que custodiaban a Dorantes Salgado, además de que intentaron ultimar al fiscal, lo que finalmente no ocurrió porque la camioneta en la que iba el funcionario estaba blindada.

La juez consideró que los agentes de la SSP no repelieron una agresión por parte de los ministeriales, sino que les tiraron a matar, y que las heridas que les produjeron fueron mortales.

En la presentación de pruebas, tanto de la defensa como del Ministerio Público de la Procuraduría General de Justicia de Morelos, se trasmitieron los audios del Centro de Comunicación y Cómputo conocido como C4, así como los videos que se tomaron desde una cámara que está en la avenida 10 de abril, donde ocurrió la agresión.

Tras ser vinculados a proceso por la juez Elvia Terán Peña, familiares de los 10 acusados presentes en la audiencia comenzaron a llorar. Aseguraron que los efectivos de la SSP lo único que querían era evitar que hombres armados se pasearan impunemente en la ciudad para hacer daño a la sociedad.

La madre de uno de los acusados exigió justicia al gobernador Graco Ramírez. El hermano de otro de los sospechosos dijo que después de esta decisión de la juez, los policías de Morelos dejarán de perseguir delincuentes armados, a pesar de que se nieguen a identificarse, porque en el peor de los casos los meterán presos por homicidio calificado o perderán la vida, porque no pueden disparar ni siquiera en defensa propia.

Terán Peña concedió tres meses para que cada parte investigue y reúna sus pruebas con miras a la audiencia intermedia, que se celebrará el 15 de mayo; luego se procederá al juicio oral en el que se determinará si son sentenciados.